En un giro dramático que promete alterar el ADN institucional de la provincia, el Gobierno de Mendoza ha decidido tomar el toro por las astas ante lo que considera un avance ilegal de las comunas sobre las facultades del Estado central. La mecha se encendió en el sur: el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés “Peti” Lombardi, junto a la vicegobernadora Hebe Casado, anunciaron la presentación de un conflicto de poderes ante la Suprema Corte de Justicia contra el municipio de San Rafael. La acusación es grave: la gestión de los Félix habría “tomado atribuciones” que la Constitución provincial reserva exclusivamente a la Legislatura, desatando una crisis de autoridad que hoy pone a la Carta Magna mendocina en el quirófano.

El análisis de esta contraofensiva oficialista revela una estrategia de “todo o nada”. Para cualquier observador que sepa leer el rigor de los movimientos de poder en Mendoza, el anuncio de un proyecto de reforma constitucional para consagrar la autonomía municipal no es una concesión de libertades, sino un intento de imponer orden y reglas claras ante una autonomía que, a juicio del Ejecutivo, hoy se ejerce de manera “salvaje” y por fuera de la ley. Lombardi fue taxativo: ningún municipio puede saltarse la ley ni la Legislatura. Lo que está en juego es el control de la caja y de las normativas que rigen en los 18 departamentos, en un momento donde la desobediencia administrativa de San Rafael ha colmado la paciencia técnica del Palacio de Gobierno.

Este choque de poderes funciona como un test de estrés para la solidez republicana de la provincia. Mientras el municipio sureño defiende su capacidad de gestión propia, el Gobierno provincial busca blindar la Constitución de 1916 con mecanismos legales que establezcan certezas y límites infranqueables. Bajo la lupa técnica, la reforma que se avecina no solo buscará dar estatus constitucional a la autonomía que exige la reforma nacional de 1994, sino que intentará domesticar las ambiciones de los intendentes que pretendan actuar como “feudos” independientes. La verdadera batalla por la autonomía mendocina ha comenzado en los tribunales y terminará en una Convención Constituyente que, fáctica y ruidosamente, redefinirá quién manda realmente en el territorio.