Guerra del gas en el Sur: Molero tilda de “extorsionadores” a los hermanos Félix por el freno al gasoducto
El histórico recelo político entre San Rafael y General Alvear ha alcanzado una temperatura crítica a raíz de una disputa por la infraestructura energética que amenaza con paralizar el desarrollo del sur mendocino. La mecha se encendió durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante sanrafaelino, donde el intendente Omar Félix emplazó públicamente al departamento vecino a pagar una parte proporcional de la inversión para habilitar el flujo de gas. La réplica de su par alvearense, Alejandro Molero, no tardó en llegar mediante un duro descargo en las redes sociales, donde acusó al clan peronista de ejercer una extorsión abierta y de haber desviado fondos nacionales en beneficio propio.
El esquema de este enfrentamiento institucional se originó con la exigencia de San Rafael para que Alvear cubra el 23% de los fondos municipales invertidos en la finalización de la obra. Para Omar Félix, el reclamo es una defensa legítima del patrimonio de sus vecinos, argumentando que las arcas de su comuna no tienen por qué subsidiar el servicio de otra jurisdicción. Sin embargo, desde la perspectiva de Alvear, la maniobra representa una “picardía política sin precedentes“. Molero sostiene que los hermanos Félix articularon en su momento un desvío de recursos de la Nación hacia su propio municipio para monopolizar el control de la llave del gasoducto, ignorando que Ecogas es la única autoridad técnica con competencia para determinar la distribución del fluido.
El rastro de esta disputa excede lo meramente presupuestario y golpea la viabilidad económica del tejido productivo regional. En su comunicado, el jefe comunal de Alvear calificó la postura sanrafaelina como un “capricho político” que ha congelado la llegada de empresas dispuestas a generar empleo genuino, postergando un servicio básico esencial para el sur de la provincia. Esta nueva fricción viene a profundizar una cronicidad de desencuentros entre ambas intendencias, que ya arrastran un fuerte cruce de facturas por las deudas vinculadas al sostenimiento de la lucha antigranizo tras la desarticulación del sistema provincial.
Al final del día, el conflicto de intereses deja en evidencia cómo la obra pública y los recursos estratégicos suelen quedar entrampados en las lógicas de la interna partidaria. Mientras la comuna de San Rafael asegura contar con el respaldo documental para justificar el cobro de la millonaria acreencia, el silencio de Molero ante las consultas de la prensa posterior a su descargo refleja que la discusión se ha trasladado al barro de la confrontación pública. Con los parques industriales en espera y el invierno a la vuelta de la esquina, el gasoducto del sur mendocino sigue funcionando como un botín de guerra donde el peritaje técnico de las prestatarias ha quedado completamente subordinado a la pulseada por el poder territorial.




