sábado, septiembre 19 2026
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En un arranque de sinceridad que presuntamente ha caído como un bloque de granito en los despachos de la Casa de Gobierno, el juez de la Suprema Corte, José Valerio, ha verbalizado lo que la política mendocina suele callar bajo siete llaves: la existencia de interferencias directas en el Poder Judicial. La sentencia del magistrado no es solo un hito de honestidad brutal; es la confirmación técnica de que la independencia de poderes en la provincia atraviesa una fase de degradación que pone en jaque cualquier estándar de normalidad democrática.

La ingeniería del reclamo de Valerio destaca por su oportunidad, justo cuando las esquirlas del caso D’Agostino todavía están calientes. Hay un marcado énfasis en que las presuntas presiones no son una novedad, sino una dinámica instalada que busca moldear fallos según la conveniencia del cuarto piso. En los tribunales, se menciona que el rumor sobre la “obediencia debida” de algunos magistrados es una “idiotez técnica” que Valerio decidió dinamitar con nombre y apellido, exponiendo que la viabilidad de una justicia transparente es hoy una quimera frente a la voracidad de las operadoras del oficialismo.

Las declaraciones del supremo son interpretadas como un hito de ruptura. Mientras el Ejecutivo intenta blindar su arquitectura judicial con el regreso de veteranos como Jaliff, el juez advierte que el saneamiento institucional no se logra con cambios de nombres, sino con el cese de la intromisión política en los expedientes. Las palabras de Valerio presuntamente desnudaron un esquema donde la meritocracia ha sido reemplazada por la lealtad partidaria, un pecado original que Mendoza arrastra desde hace décadas pero que hoy, en plena crisis de credibilidad, adquiere un tono dramático.

Y es así, la confesión de un hombre que llegó a la Corte de la mano del propio radicalismo es la prueba más ácida de que el sistema está crujiendo. Defender la pureza de la ley mientras se admite que el poder político tiene la llave de las sentencias es la batalla necesaria por la verdad que Valerio parece haber decidido librar en soledad. La resolución de este escándalo definirá si la Suprema Corte recupera su rol de árbitro imparcial o si seguirá siendo el escenario de una pulseada donde la ley es, presuntamente, el último invitado a la mesa. Por ahora, el mensaje es de una crudeza absoluta: en Mendoza, la venda de la justicia tiene demasiados agujeros por donde se filtra el humo de la política.