El enroque de Cornejo: Jaliff al rescate de una Subsecretaría golpeada por el escándalo

En un movimiento que combina pragmatismo político con una necesidad urgente de control de daños, el gobernador Alfredo Cornejo ha decidido sacar del “retiro efectivo” a Juan Carlos Jaliff para sentarlo en el sillón que dejó vacante Marcelo D’Agostino. La designación del histórico exvicegobernador como nuevo subsecretario de Justicia presuntamente busca inyectar una dosis de veteranía y previsibilidad en un área que, tras las denuncias de abuso sexual contra su anterior titular, había quedado en una situación de vulnerabilidad institucional extrema. El enfoque oficial es claro: frente al incendio, nada mejor que un bombero que conoce cada rincón del Palacio y que no necesita GPS para moverse por los pasillos de Tribunales.

La ingeniería detrás del nombramiento de Jaliff destaca por su falta de sutileza; no se trata de una renovación generacional, sino de un retorno a las bases más sólidas del radicalismo mendocino. Hay un marcado énfasis en que el nuevo subsecretario llega para blindar la relación con los magistrados y el Ministerio Público en un momento donde la Justicia provincial está bajo un asedio de sospechas. Se menciona que el rumor sobre la dificultad para encontrar cuadros técnicos dispuestos a asumir en medio del escándalo es una realidad operativa que solo una figura con el cuero curtido de Jaliff podía neutralizar. La determinación de Cornejo presuntamente apunta a cerrar filas y asegurar que la “máquina judicial” siga aceitada de cara a un calendario electoral que no perdona distracciones.

Mientras algunos sectores presuntamente esperaban una señal de apertura o una cara nueva, el Ejecutivo optó por la ortodoxia pura para evitar que la salida de D’Agostino se convierta en una filtración sistémica de poder. Fuentes cercanas a la Casa de Gobierno sugieren que la misión técnica del flamante funcionario será, ante todo, de contención: evitar que las internas y las presuntas operaciones mediáticas terminen de erosionar la credibilidad de un sistema judicial que el oficialismo defiende como propio.

Todo dependerá de si la experiencia de Jaliff es suficiente para surfear el malestar que dejó la gestión anterior. La determinación de sostener el rumbo institucional se mantiene inalterable, bajo la premisa de que en Mendoza las crisis se resuelven con más política y menos improvisación. La resolución de este enroque define el tono de lo que resta de mandato; defender el esquema judicial frente a los ruidos externos es la tarea de un estratega que, a esta altura, ya ha visto pasar demasiados inviernos en la política local. Por ahora, el mensaje es que el orden ha vuelto, aunque sea bajo la forma de un regreso al pasado para asegurar el futuro de la gestión.