El laberinto de Marcelo Romano: Una banca en suspenso bajo el rigor de la inhabilitación
Redacción Oíd Mortales
La renovación del Concejo Deliberante de San Carlos se encamina hacia una sesión de jura donde la legitimidad de las urnas colisiona con el muro de la justicia penal. Con una condena firme de la Corte Suprema sobre sus espaldas, la incorporación de Marcelo Romano al cuerpo legislativo ingresa en una zona de inviabilidad técnica que redefine el equilibrio de poder en el departamento.
La fisonomía del recinto sancarlino se prepara para un recambio de escaños que, lejos de ser un mero trámite administrativo, estará marcado por el condicionante judicial que pesa sobre el referente de Provincias Unidas. Romano, quien accedió al tercer lugar en las legislativas de octubre con el 12,28% de los sufragios (2.696 votos), ha sido formalmente convocado para la ceremonia de este jueves. Sin embargo, el andamiaje jurídico que sostiene su asunción enfrenta el impacto de un fallo definitivo: el máximo tribunal de la Nación ratificó su condena por atentado a la autoridad agravado, derivado de un episodio ocurrido en dos mil diecinueve durante su mandato como senador.
La viabilidad del acceso de Romano a la función pública se encuentra severamente comprometida por el alcance de la sentencia, que no solo impone diez meses de prisión condicional, sino que establece una inhabilitación especial por veinte meses para el ejercicio de cargos estatales. Esta restricción opera como un filtro de idoneidad que el cuerpo deliberativo deberá analizar minuciosamente antes de validar la jura. De concretarse su apartamiento, la arquitectura del reparto de bancas —que resultó en un esquema de 2-1-1-1 para las fuerzas entrantes— deberá ajustarse a los mecanismos de subrogancia previstos por la normativa vigente.
El nuevo mapa legislativo, en caso de no mediar obstáculos, quedaría configurado por los ingresantes Sebastián Garro y Agustina Testa (quien revalida mandato bajo la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza), Daniel Biscontin (Nuevos Rumbos) y Adrián Nahim (Partido Justicialista). Estos se acoplarían a los ediles con permanencia: Daniela Sancho, Janet Salinas y Juan Manuel Gallerani del oficialismo provincial; Diego García por la fuerza local y Ariel Granados por el espacio ambientalista.
Por ahora, el foco institucional de San Carlos permanece fijo en la interpretación técnica de los alcances de la sentencia. El desenlace de esta jornada será la medida real del rigor con que se aplican los estándares de ética pública en Mendoza, en un contexto donde el derecho electoral de los ciudadanos se ve confrontado por el imperativo de cumplimiento de las sentencias judiciales. Mientras la política local aguarda definiciones, la banca de Provincias Unidas se mantiene como el epicentro de una puja donde la legitimidad y la legalidad buscan un punto de equilibrio definitivo.
