La dieta de la discordia: el Concejo de Capital levantó el caso de Gustavo Gutiérrez

Tras una parálisis administrativa que rozó la complicidad institucional, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza ha dejado de lado la tibieza para intimar al concejal Gustavo Gutiérrez. La resolución, que llega con un año de demora, obliga al edil a optar entre su dieta legislativa y su haber jubilatorio, desarticulando una fisonomía de cobro simultáneo que habría acumulado un perjuicio fiscal cercano a los 20 millones de pesos.

El conflicto se asienta sobre una incompatibilidad legal que la normativa provincial prohíbe taxativamente cómo es la percepción de un ingreso como funcionario público en conjunto con un beneficio previsional. Durante meses, el expediente de Gutiérrez habitó los cajones del deliberativo capitalino, en una dinámica de idas y vueltas que solo sirvió para dilatar el cumplimiento de la ley. Esta cronicidad en la falta de resolución permitió que el monto en discusión se inflara de manera exponencial, exponiendo una debilidad en los mecanismos de control interno frente a los privilegios de la política.

Este tipo de situaciones de “doble ventanilla” suele sostenerse en la laxitud de las interpretaciones administrativas que los propios cuerpos legislativos aplican a sus pares. Sin embargo, la presión por la transparencia y el rigor en el manejo de las cuentas públicas terminó por forzar la mano de los concejales de Capital. Ahora, el veterano dirigente enfrenta la última frontera de su dilema financiero: elegir uno de los dos ingresos, poniendo fin a una anomalía que durante casi un año operó como un oasis de beneficio personal por fuera del marco jurídico vigente.

Por ahora, el emplazamiento marca la cancha lo necesario para la profesionalización de la gestión pública en los municipios. El desenlace del caso Gutiérrez es la medida real de una política que intenta sacudirse la inercia del amiguismo institucional. Mientras la administración departamental busca proyectar una fisonomía de orden y control, el saneamiento de estas irregularidades se consolida como el requisito mínimo para recuperar la autoridad moral frente a una ciudadanía que ya no tolera excepciones en el cumplimiento de la ley.