La guerra en Medio Oriente sigue recrudeciendo mientras el comercio internacional se sigue desangrando
Lisandro Labbé
El hundimiento de dos buques comerciales en el estrecho de Ormuz, la destrucción de decenas de localidades en el sur del Líbano y el incremento de las bajas estadounidenses revelan una nueva dimensión del conflicto. Mientras Irán utiliza su posición geográfica para presionar a Occidente, Israel profundiza su ofensiva terrestre y Washington enfrenta el desafío de sostener su supremacía militar sin comprometer la estabilidad económica internacional.
La actual guerra en Medio Oriente nunca fue un enfrentamiento circunscrito a determinados territorios específicos en particular, sino una disputa de consecuencias globales. Las operaciones militares, las restricciones al comercio marítimo y las repercusiones financieras configuran un escenario donde la seguridad internacional y la estabilidad económica son aspectos imposibles de separar.
Mirá también👇🏻
Los últimos acontecimientos de este mes de octubre confirman que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha ingresado en una etapa particularmente delicada. El estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo, ha permanecido rehén, en el epicentro de las hostilidades. Simultáneamente, las operaciones israelíes en el sur del Líbano están recrudeciendo y transforman profundamente la geografía de la región, mientras el Pentágono reconoce nuevas bajas en una guerra cuyo costo humano y financiero continúa creciendo.
El problema central no es quién dispone de mayor capacidad militar. La verdadera disputa gira en torno a qué potencia puede sostener sus objetivos estratégicos durante más tiempo sin provocar un deterioro económico y político que termine debilitando su propia posición. Esto es un escenario completamente asimétrico, donde el régimen iraní -una dictadura totalitaria acostumbrada al aislamiento y a la economía de guerra- parece contar con ventajas innegables.
El comercio internacional sigue de rehén en Ormuz
El 14 de octubre, dos embarcaciones comerciales se habían hundido en las inmediaciones del estrecho de Ormuz tras sufrir ataques con proyectiles en incidentes separados.
Uno de los buques era el GFS Pride, un portacontenedores de bandera singapurense con capacidad para transportar 2.824 contenedores equivalentes de veinte pies. La embarcación sufrió daños, se incendió y terminó hundiéndose. Sus 21 tripulantes fueron evacuados sin lesiones, según las autoridades marítimas de Singapur.
El segundo barco, el Cape Dao, un granelero registrado en Antigua y Barbuda, también se hundió después de sufrir daños durante las hostilidades. En este caso se registró la muerte de un tripulante.
Los hundimientos se produjeron en medio de una intensificación de los ataques contra la navegación comercial. Teherán ha vinculado su ofensiva marítima con el bloqueo estadounidense de sus puertos y con el endurecimiento de las sanciones económicas.
La importancia de estos acontecimientos excede ampliamente la pérdida de dos embarcaciones. Antes de la guerra, por Ormuz transitaba aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado. Su ubicación convierte al estrecho en un punto de presión excepcional sobre las economías importadoras de energía.
La estrategia iraní aprovecha precisamente esa vulnerabilidad. Frente a la superioridad tecnológica y militar estadounidense, el régimen de Teherán dispone de instrumentos de presión asimétrica muy destacables, como drones, minas, ataques contra embarcaciones y amenazas sobre corredores comerciales esenciales.
La clave de esta confrontación es trasladar los costos de la guerra desde el campo militar hacia los mercados internacionales. Irán no necesita derrotar a la Armada estadounidense en un enfrentamiento convencional para provocar daños significativos. Le alcanza con convertir el tránsito marítimo en una operación de alto riesgo, encareciendo seguros, transporte y abastecimiento energético, y así arruinando a las economías occidentales.
Al menos quince portacontenedores habían sido atacados en los diez días anteriores, mientras el petróleo Brent se aproximaba a los 108 dólares por barril.
La situación plantea una cuestión fundamental para la Casa Blanca, y es que garantizar la libertad de navegación no constituye solamente un objetivo militar, sino una condición indispensable para preservar la credibilidad estadounidense como garante del orden comercial internacional.
Permitir que una potencia regional condicione de manera sostenida una ruta estratégica equivale a aceptar que la coerción asimétrica puede alterar las reglas básicas del comercio mundial.
Presión israelí en el sur del Líbano
Mientras la tensión marítima concentra la atención de los mercados, el frente terrestre presenta una transformación igualmente profunda.
A través de imágenes satelitales, se documentó la destrucción generalizada de 48 localidades entre las aproximadamente 60 ciudades y pueblos situados en la zona del sur del Líbano ocupada por fuerzas israelíes.
Las imágenes muestran viviendas demolidas, caminos destruidos, edificios públicos derruidos y otras infraestructuras dañadas. Buena parte de estas operaciones se produjeron después del alto el fuego acordado en abril, lo que ha intensificado los cuestionamientos internacionales sobre su alcance y sus consecuencias para la población civil.
La ofensiva israelí tiene como objetivo impedir que Hezbolá reconstruya su infraestructura operativa en las inmediaciones de la frontera norte de Israel.
Durante años, la organización terrorista libanesa, respaldada por Irán, desarrolló una capacidad militar que incluye cohetes, misiles, drones y posiciones fortificadas. La existencia de esa estructura constituye una amenaza permanente para las comunidades israelíes cercanas a la frontera.
Sin embargo, la dimensión de las demoliciones introduce un problema adicional. La destrucción de localidades enteras no solamente afecta las posiciones militares de Hezbollah, sino que también compromete las posibilidades de retorno de la población desplazada y dificulta una eventual reconstrucción política y económica del territorio.
Una victoria táctica no garantiza por sí misma una solución estratégica. La eliminación de infraestructura hostil puede reducir amenazas inmediatas, pero una región devastada, sin instituciones funcionales y con una población desplazada ofrece condiciones favorables para nuevas generaciones de radicalización.
Israel enfrenta así una contradicción decisiva, teniendo que garantizar la seguridad de su frontera norte, al mismo tiempo que la prolongación indefinida de las operaciones puede convertir una necesidad defensiva en un compromiso territorial y militar cada vez más costoso. La seguridad duradera exige algo más que cadencia de fuego. Requiere condiciones políticas que impida al grupo terrorista Hezbolá recuperar el control de dichos territorios.
Nueva York: la guerra también repercute en los mercados financieros
Las consecuencias del conflicto han comenzado a manifestarse incluso en decisiones de inversión de instituciones públicas estadounidenses.
Mark Levine, contralor de la ciudad de Nueva York, anunció que no reinvertirá fondos de pensiones municipales en bonos emitidos por Israel, pese a que durante su campaña electoral había defendido la conveniencia de mantener esas inversiones.
Levine justificó la decisión mediante argumentos financieros y dificultades técnicas, rechazando que respondiera a motivaciones políticas. Sin embargo, la medida generó cuestionamientos entre dirigentes y organizaciones que consideran que el cambio de posición puede estar influido por las presiones políticas contra Israel.
Sin embargo, no se trata de una liquidación generalizada de activos israelíes. Los fondos municipales todavía mantienen inversiones por aproximadamente 285 millones de dólares en acciones de empresas israelíes. Además, la evaluación de los bonos no es unánime, ya que sus defensores destacan sus rendimientos y las perspectivas crediticias relativamente estables.
Los conflictos internacionales influyen sobre las decisiones financieras que se rigen por criterios de rentabilidad y solvencia.
Los fondos de pensiones tienen una responsabilidad concreta frente a sus beneficiarios. Su función consiste en preservar y multiplicar recursos destinados a financiar jubilaciones, no en convertirse en instrumentos de posicionamiento diplomático.
Precisamente por eso, la decisión de Levine merece un análisis que distinga los riesgos financieros reales de las presiones políticas. La guerra modificó las perspectivas de inversión, pero también puede abrir la puerta a sospechas sobre consideraciones ideológicas condicionen la administración de recursos públicos.
El Pentágono reconoce más bajas y aumenta la presión sobre la Casa Blanca
El frente estadounidense también ofrece señales relevantes.
El 9 de octubre, el Pentágono actualizó su sistema oficial de registro de bajas militares vinculadas con las operaciones contra Irán. La nueva información elevó a 21 el número de efectivos fallecidos y a 865 el de heridos.
La actualización incorporó fallecimientos que no habían
sido contabilizados previamente dentro de esas operaciones, incluidos dos casos clasificados como muertes no relacionadas directamente con acciones hostiles.
El cambio adquirió especial relevancia porque se produjo sin un anuncio público destacado y después de que The Washington Post hubiera informado sobre discrepancias entre las cifras oficiales y las pérdidas registradas durante el conflicto.
El incremento de las bajas no altera por sí solo la superioridad militar estadounidense. Washington continúa disponiendo de capacidades navales, aéreas, tecnológicas y logísticas que superan ampliamente a las de Irán.
Sin embargo, el poder militar debe evaluarse también en función de su sostenibilidad política.
La administración de Donald Trump enfrenta un escenario complejo, que consiste en la necesidad de preservar la capacidad disuasoria estadounidense, garantizar la seguridad de sus aliados y evitar que el conflicto derive en una guerra prolongada de consecuencias imprevisibles.
A medida que aumentan las pérdidas humanas y los costos económicos, también crece la necesidad de dar más claridad respecto a cuáles son los objetivos militares y qué condiciones permitirían considerar alcanzada una victoria estratégica.
El éxito de Estados Unidos en su empresa iraní no se medirá por su capacidad para haber iniciado las operaciones militares, sino por su habilidad para concluirlas en términos favorables.
La guerra también se juega en las urnas
La dimensión política de la guerra resulta cada vez más evidente.
El 19 de octubre, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, realizó una visita no anunciada a Israel y mantuvo conversaciones con el primer ministro Benjamin Netanyahu sobre la coordinación militar frente a Irán.
El encuentro tuvo lugar en vísperas de las elecciones parlamentarias israelíes previstas para el 27 de octubre y de las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre.
La coincidencia electoral agrega un factor de presión sobre las decisiones estratégicas.
Una investigación publicada por Reuters el 14 de octubre reveló que funcionarios iraníes reconocieron la utilización de nuevas tácticas contra el transporte marítimo con la intención de mantener elevados los precios energéticos e influir sobre el escenario político estadounidense.
El 20 de octubre, la agencia informó además que dirigentes iraníes consideran conveniente prolongar las negociaciones para evitar concesiones que puedan fortalecer políticamente a Trump antes de los comicios.
El gran acierto estratégico iraní fue no buscar meramente objetivos militares o territoriales, sino aprovechar las vulnerabilidades internas de una democracia en la que la inflación, el precio de los combustibles y la percepción de seguridad nacional tienen consecuencias electorales directas.
El régimen de Teherán procura transformar su capacidad de perturbación económica en una herramienta de negociación internacional. El desafío de Washington consiste en impedir que esa estrategia sea exitosa sin llegar a una escalada ilimitada.
Al mismo tiempo, la diplomacia continúa abierta. El 18 de octubre, el canciller iraní Abbas Araqchi reiteró una propuesta para reabrir Ormuz a cambio del levantamiento del bloqueo estadounidense, la flexibilización de sanciones petroleras y el cese de hostilidades regionales.
Estados Unidos mantiene, entre sus exigencias centrales, restricciones sustanciales al programa de enriquecimiento de uranio iraní.
Aceptar la reapertura del estrecho sin garantías verificables podría demostrar que la utilización de amenazas contra el comercio internacional fue fructífera y sentar un oscuro precedente. Rechazar cualquier negociación, por otra parte, prolongará una crisis cuyo impacto excede ampliamente a los países directamente involucrados.
El petróleo sigue caro y surgen nuevas incertidumbres
El 20 de octubre, el petróleo Brent llegó a cotizar cerca de los 112 dólares por barril durante la jornada, antes de retroceder y cerrar alrededor de los 109 dólares.
La volatilidad respondió tanto a los nuevos episodios de violencia en el Golfo como a las expectativas generadas por contactos diplomáticos entre Irán y Pakistán, que estarían intentando contribuir a una salida negociada.
Las consecuencias de estos movimientos se extienden hacia el transporte, la producción industrial, la logística y los precios al consumidor.
Para la Argentina, el escenario presenta efectos contrapuestos. Los precios internacionales elevados favorecerán los ingresos de las empresas productoras de hidrocarburos y mejorarán las perspectivas exportadoras de Vaca Muerta. Pero también encarecen determinados insumos energéticos y generan presiones sobre los costos de transporte y producción.
La oportunidad energética argentina depende, por lo tanto, de aprovechar varias condiciones, como contar con infraestructura, reglas previsibles y capacidad de inversión que permitan transformar las ventajas geológicas en mayores exportaciones. Lo que además, se verá perturbado en estos siguientes meses por el factor electoral: el famoso Riesgo Kuka.
En un mundo donde los corredores energéticos tradicionales se encuentran amenazados, los países capaces de ofrecer abastecimiento confiable adquieren una importancia estratégica creciente.
La crisis de Ormuz también demuestra que la seguridad energética no puede descansar exclusivamente sobre una región geográfica o una única ruta comercial. La diversificación de proveedores, la inversión privada y el desarrollo de nuevas infraestructuras se convierten en herramientas esenciales para reducir la vulnerabilidad de las economías.
Una guerra cuyo desenlace definirá algo más que fronteras
Los acontecimientos de octubre revelan que Medio Oriente atraviesa una confrontación de alcance mucho mayor que la disputa territorial entre Israel y sus adversarios regionales.
En el estrecho de Ormuz se pone a prueba la libertad de navegación. En el sur del Líbano se discute la posibilidad de construir una frontera segura y estable. En Washington, el gobierno estadounidense debe demostrar que puede sostener sus compromisos estratégicos sin quedar atrapado en un conflicto interminable.
En Teherán, mientras tanto, las autoridades apuestan a que la presión económica y el desgaste político compensen las limitaciones de su poder militar convencional.
De lo que no hay dudas es que, más allá del resultado de esta confrontación, habrá consecuencias sobre el equilibrio de poder internacional.
Si las amenazas contra embarcaciones comerciales terminan convirtiéndose en una herramienta eficaz para obtener concesiones diplomáticas, otros actores podrían verse incentivados a reproducir métodos semejantes en distintas regiones del mundo.
Pero si la respuesta occidental se limita a una escalada militar sin objetivos políticos definidos, el riesgo será prolongar la inestabilidad y multiplicar sus costos.
La salida exige combinar capacidad de disuasión, claridad estratégica y acuerdos verificables. Ninguna negociación será duradera si permite reconstruir las mismas amenazas que originaron el enfrentamiento, pero tampoco habrá estabilidad si la guerra se convierte en un estado permanente.
La cuestión decisiva ya no es solamente quién posee las armas más poderosas, sino quién será capaz de establecer las condiciones de una paz que no dependa de la próxima amenaza militar.
El conflicto de Medio Oriente está poniendo a prueba la credibilidad de las potencias, la resistencia de las economías y la vigencia de las reglas que sostienen el comercio internacional.
Y sus consecuencias, desde los mercados energéticos hasta las decisiones económicas de países como la Argentina, confirman que esta guerra se libra mucho más allá de las fronteras donde comenzó el combate.
