¿Motosierra o maquillaje?: La contabilidad que sacude a Guaymallén

La austeridad que el Ejecutivo de Guaymallén intenta proyectar hacia la opinión pública ha chocado de frente con una auditoría política que pone en duda la veracidad de sus números. El promocionado ahorro de $500 millones anuales por la eliminación de cargos en el Concejo Deliberante (HCD) (un caballito de batalla del oficialismo para sintonizar con el clima de época) quedó bajo la lupa tras una denuncia del concejal Miqueas Burgoa, quien sostiene que la arquitectura del recorte es, en realidad, un simulacro contable diseñado para el consumo mediático.

El engaño, según el comunicado de la oposición, reside en una brecha de más de $270 millones entre el discurso y los bonos de sueldo. Mientras la intendencia agita la bandera de una poda millonaria, el análisis de las liquidaciones reales de marzo y abril de 2026 arroja un impacto que apenas rozaría los $230 millones. El ajuste se habría centrado en la supresión de cuatro direcciones políticas que, en la práctica, estaban vacantes; es decir, se eliminaron cargos “fantasma” que no representaban un gasto efectivo, construyendo una narrativa de sacrificio estatal que no le quita ni un peso al presupuesto real.

Este marketing fiscal convive con una cronicidad de privilegios que la gestión no ha logrado explicar. La denuncia de Burgoa no se limita a las planillas de sueldos, sino que expone un contraste irritante: mientras el municipio se jacta de ahorrar en burocracia, se multiplican los cuestionamientos por viajes al exterior con recursos públicos y la existencia de un hotel cinco estrellas que habría acumulado años de deudas en tasas municipales, funcionando sospechosamente como sede de reuniones para la cúpula oficialista. Esta dualidad de exigir austeridad al Concejo mientras se mantienen cajas negras en el sector privado debilita cualquier pretensión de ejemplaridad.

Por lo que se dice, esta pulseada presupuestaria deja al Gobierno municipal en una posición defensiva. La falta de presencia territorial en zonas críticas como Corralitos ,donde los desbordes cloacales son una constante, o el abandono en la calle Tirasso, refuerzan la percepción de que la gestión ha optado por la gestión de imagen antes que por la resolución de infraestructura básica. El “modelo Guaymallén” depende de que los vecinos crean en los anuncios de ahorro, pero cuando la realidad de los barrios no mejora y las cuentas no cierran, la motosierra termina pareciendo poco más que un accesorio de utilería en una obra de teatro político.