En un escenario que presuntamente marca el inicio de una etapa de saneamiento institucional dentro del peronismo local, el pedido de expulsión contra la cúpula de La Cámpora en Mendoza ha ingresado en su fase resolutiva. Tras casi tres meses de parálisis técnica, el Tribunal de Disciplina ha dado por concluida la etapa de instrucción y pruebas, avanzando con la digitalización de expedientes que podrían eyectar de la estructura partidaria a una decena de dirigentes. El enfoque del tribunal es estrictamente reglamentario: se investiga la presunta violación de la unidad orgánica tras la presentación de listas colectoras por fuera de la estructura oficial en las elecciones de febrero, un hito de indisciplina que colisiona frontalmente con la carta orgánica del partido.
La ingeniería del proceso sancionatorio apunta con precisión quirúrgica contra cuadros técnicos y políticos que, bajo el amparo de la conducción de Anabel Fernández Sagasti, habrían operado para fracturar la oferta electoral del PJ. Los notificados, entre quienes se encuentran figuras como Bruno Ceschín, Hipólito Martínez y Nadir Yasuff, cuentan ahora con un plazo perentorio de cinco días para presentar sus alegatos. Hay un marcado énfasis en que el procedimiento seguirá las vías legales internas sin concesiones, lo que presuntamente busca restablecer un estándar de normalidad democrática dentro de una organización que, según fuentes del sector tradicional, ha sido secuestrada por intereses facciosos durante los últimos años.
El caso que genera mayor estrépito en los pasillos de la sede de calle España es el de Paloma Scalco. Su situación es interpretada como una “idiotez técnica” de carácter político: se desempeña simultáneamente como vicepresidenta segunda del PJ mendocino mientras competía como candidata a concejal en Luján de Cuyo por una fuerza ajena, el denominado Frente Patria. Esta dualidad de funciones presuntamente expone la degradación de los mandos medios y la falta de conducción de un espacio que intentó jugar a dos puntas, subestimando la capacidad de respuesta de los sectores históricos que hoy exigen una purga total para evitar que el partido siga funcionando como una confederación de sellos personales.
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Desde la perspectiva del funcionamiento del Estado y la representación política, la determinación de avanzar con estas expulsiones es vista como un intento de recuperar la previsibilidad de la principal fuerza de oposición en la provincia. La viabilidad de un peronismo competitivo en Mendoza depende de que las instituciones partidarias sean capaces de identificar y neutralizar a las “operadoras” que, bajo el disfraz de la renovación generacional, han llevado al espacio a sucesivas derrotas electorales mediante la fragmentación del voto. La resolución definitiva, que se espera para los próximos días, definirá si el PJ mendocino inicia un camino de reconstrucción seria o si permite que la desobediencia interna se convierta en el estándar operativo de su dirigencia. Por ahora, el mensaje del tribunal es tajante: dentro de la ley todo, por fuera de la estructura, la expulsión.
