Violencia y Universidad: Cuando la política del odio silencia el debate

Lo hicieron. Cruzaron una línea.

El día 26 de marzo, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, se llevó a cabo el panel: “La ESI al banquillo: a veinte años de la Ley 26.150, ¿la ESI educa?“. Un evento de reflexión crítica y análisis académico sobre la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en nuestro país. El encuentro contó con disertantes de diversas disciplinas: Medicina, Psicología, Docencia y Derecho.

Hasta aquí, todo en orden: un evento académico, universitario, autorizado por la Secretaría de Extensión Universitaria y el Sr. Decano de la FFyL, el Dr. Gustavo Zonana. Todos los papeles en regla para una actividad académica.

Las reacciones positivas no se hicieron esperar, llegando a recolectar más de 230 adhesiones de miembros de la comunidad universitaria, académica y de la ciudadanía interesada en esta iniciativa. Sin embargo, frente a esta buena acogida, se gestaba una controversia en el seno de la izquierda ideologizada (principalmente el kirchnerismo, el radicalismo y la izquierda) y la militancia de la confrontación violenta ante las ideas disidentes a sus discursos.

Inicialmente, fueron notas de repudio, contestaciones en redes sociales e intentos de boicotear el evento de forma simbólica (cartelería de protesta, por ejemplo); nada fuera de lo común en este tipo de controversias.

El día del evento se inició de forma tranquila. Se invitó a todos los presentes —incluidos los sectores que se oponían al panel y habían asistido al aula— a escuchar la serie de charlas, aclarando que luego habría un espacio para el debate, instancia donde todos podrían expresarse por igual. A los pocos minutos, y de forma gradual, empezaron los primeros aplausos ruidosos para evitar que los disertantes pudieran realizar sus presentaciones; luego, comenzaron los gritos en contra del panel, los cuales eran contestados con altura y serenidad, invitando constantemente al diálogo.

Los intentos de razonar empezaron a frustrarse conforme el tono de los asistentes disconformes se tornaba más agraviante. En medio de la tensión, se produjo una escalada que nunca antes había visto en mi vida universitaria: una docente de la Facultad de Filosofía y Letras, que intentaba calmar los ánimos, fue agredida brutalmente por una militante de un grupo que había ido a «intervenir el evento».

Cuando pedí explicaciones a la agresora, ella me dijo: “Cuando escucho discursos de odio, respondo con odio”. Palabras directas y contundentes; no había lugar a dudas. Era el odio ideológico el que había copado las mentes de esos «jóvenes militantes de la diversidad y el pluralismo».

En una universidad pública, una docente fue agredida por militantes. Cruzaron una línea. Ya no hablamos de una mera polarización, de un intento de “escrache público” ni de solo violencia simbólica. Ahora hablamos de ingresar en el terreno de la violencia física, el patoteo y la puesta en riesgo de la integridad personal.

La docente presentará los recursos administrativos correspondientes y se radicarán las denuncias ante la justicia, porque una cosa es manifestarse y otra muy distinta es atacar de
forma directa e indiscriminada. Como dice la frase: “Dentro de la ley…”. Y quienes opinamos diferente a los discursos hegemónicos, parece que tendremos que estar atentos y cuidar nuestra integridad de ahora en adelante.

Ahora, cuando esta polarización se traslada al ámbito universitario —la institución que, por definición, debería ser el crisol del pensamiento crítico y el debate plural— el resultado puede ser gravísimo para la convivencia política y comunitaria. La incapacidad de procesar el disenso de manera constructiva y de aceptar la legitimidad de la «otredad» política transforma los claustros en campos de batalla simbólicos y, tristemente, como hemos visto, también físicos.

Lo más alarmante es la rápida escalada de esta violencia. Investigaciones sobre la gestión de “tensiones políticas en el campus” (School Safety & Security, 2021) y la “escalada de violencia en protestas políticas” (Barber, 2022) advierten que la hostilidad hacia el pensamiento diferente, la deshumanización del adversario y la polarización ideológica son factores que exacerban los conflictos. Si un grupo cree que su voz está siendo sistemáticamente amedrentada o proscripta, y que los canales institucionales son insuficientes, la tentación de recurrir a respuestas más contundentes —la violencia— puede volverse, lamentablemente, una opción atractiva en tiempos de grietas sociales profundizadas.

La castigada universidad pública argentina debería ser un espacio para formar profesionales críticos y preparados, generadores del cambio que la sociedad necesita para crecer —como bien lo expresan académicos y la gran mayoría del estudiantado—, y no perpetuarse como un ámbito para construir fanatismos ideológicos de nicho. Cuando se confunden las aulas con trincheras y las ideas con balas, la esencia misma de la educación superior se ve comprometida.

Es imperativo que todos condenemos sin reservas estos actos violentos y trabajemos activamente para desactivar la tensión. La tolerancia a la diversidad de pensamiento no son opciones, sino puntos innegociables para una universidad sana (o un intento al menos de ello). Solo así podremos garantizar que la universidad siga siendo un espacio de intercambio y debate, y no un eco de la intolerancia que tanto daño hace a nuestra sociedad ya dividida.