Purga en el peronismo: piden expulsar a 10 candidatos de La Cámpora y la interna se judicializa

Temblor en La Cámpora Mendoza. En un movimiento que termina de quebrar al PJ mendocino, sectores internos formalizaron un pedido de sanción contra diez postulantes del espacio de Anabel Fernández Sagasti.

Mientras el oficialismo nacional celebra el despeje del escenario político, el peronismo se encierra en una batalla de expedientes que durará meses. La fractura del Partido Justicialista de Mendoza ha pasado de las declaraciones cruzadas a los escritorios del Tribunal de Disciplina.

Este viernes, ingresó por mesa de entradas de la histórica sede de la calle San Lorenzo, un pedido formal para expulsar del partido a diez figuras clave que hoy compiten en las listas de la agrupación conducida por Sagasti. Se trata de un intento de “limpieza” institucional que busca apartar a los cuadros de La Cámpora, a quienes el sector tradicional responsabiliza por la pérdida de competitividad de la fuerza en la provincia.

La lista de los apuntados para la expulsión incluye a referentes con peso territorial y legislativo, aunque los nombres aparecen en un orden que busca golpear toda la estructura: Facundo Martín, Sebastián Videla, Roxana López, Mariela Herrera y Nadir Yasuff encabezan el listado de los señalados, seguidos por Gisela Flores, Daniel Mazurenco, Hipólito Martínez, Bruno Ceschín y Paloma Scalco.

Quienes buscan expulsar a este grupo aseguran que los diez camporistas violaron el artículo 71 de la Carta Orgánica del PJ y cometieron una falta grave al “aparecer como candidato en la lista de otro partido sin autorización del Congreso Partidario”.

La denuncia sostiene que no se trata de una disidencia interna ni de una postura política, sino de una participación electoral activa en favor de otro espacio.

El escrito judicial llegará oficialmente a manos de los miembros del Tribunal en las próximas 48 horas hábiles, pero la ofensiva no se detendría ahí, ya que fuentes partidarias aseguran que ya se preparan nuevas solicitudes para incluir a cualquier afiliado que guarde relación directa con el camporismo.

Desde el punto de vista técnico, el conflicto está lejos de cerrarse. El Tribunal de Disciplina debe ahora notificar a los acusados, quienes tendrán 60 días para armar su defensa. Una vez cumplido ese plazo, el órgano colegiado dispondrá de otros 60 días para emitir un fallo.

Esto significa que, durante los próximos cuatro meses, el peronismo mendocino estará sumergido en una auditoría interna y un desfile de abogados, justo cuando el oficialismo nacional acelera su agenda de reformas sin encontrar una oposición que logre salir del laberinto de sus propias oficinas.

Mientras en la sede de calle San Lorenzo se discuten desafiliaciones y se cuentan los días para que venza cada plazo procesal, la política real parece seguir de largo. Para el oficialismo, la noticia es motivo de celebración silenciosa. No hay mejor campaña que ver al principal adversario ocupado en redactar sus propias actas de defunción política.

Con la interna judicializada, el camino queda allanado para que las propuestas de La Libertad Avanza sigan ganando terreno en una Mendoza que parece haberle soltado la mano a las peleas del PJ.