La “mega bomba” de Milei al Congreso: El Gobierno presentó el Súper RIGI

Junto a la atracción de capitales y a la reconfiguración de la matriz productiva argentina, este gobierno lleva a nuestro país hacia una audacia regulatoria sin precedentes dentro de la historia económica contemporánea. El Poder Ejecutivo Nacional remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley denominado “Súper RIGI” (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), una ambiciosa herramienta de promoción diseñada minuciosamente por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La iniciativa legal procura establecer un andamiaje normativo de máxima excepcionalidad para pescar inversiones de escala global que arranquen con un piso mínimo de 1.000 millones de dólares por proyecto. A diferencia de las herramientas de incentivo previas, el rastro conceptual de este texto de 115 artículos no apunta a expandir, modernizar o reequipar las plantas fabriles existentes en el territorio, sino a dar origen “desde cero” a sectores tecnológicos e industriales de altísima complejidad que actualmente no registran operaciones comerciales efectivas ni presencia corporativa real en la economía de la República.

El esquema del proyecto delimita de manera taxativa las actividades estratégicas que calificarán para el ingreso a este club de beneficios extraordinarios, fijando el foco en áreas de vanguardia global como el desarrollo de la inteligencia artificial, la fabricación de semiconductores, la biotecnología avanzada, la infraestructura digital y la cadena de valor del uranio. El articulado también incluye la instalación de reactores nucleares pequeños (SMR), la producción a gran escala de hidrógeno verde, la manufactura de celdas y baterías de litio, el ensamblaje de vehículos 100% eléctricos y la producción de fertilizantes de potasio o fósforo. Para gozar de la viabilidad que otorga el marco legal, los inversores extranjeros y locales deberán constituirse bajo la figura de Vehículos de Proyecto Único (VPU) —sociedades de objeto exclusivo afectadas únicamente al emprendimiento— y estar dispuestos a materializar de forma rápida el ingreso de los fondos. El texto oficial introduce un severo filtro de elegibilidad temporal al exigir que las compañías desembolsen y ejecuten de manera efectiva al menos el 20% del capital comprometido (es decir, un piso real de 200 millones de dólares) durante los primeros dos años contados a partir de la fecha de adhesión al régimen, una cláusula diseñada para evitar las especulaciones de cartera o los anuncios puramente mediáticos. La puesta en práctica del Súper RIGI ,cuya vigencia temporal para la presentación de carpetas técnicas se extenderá por un plazo inicial de cinco años, contempla la carga tributaria más baja de todo el sistema económico local para compensar las deficiencias logísticas crónicas del país.

Las corporaciones que logren la aprobación de sus proyectos contarán con exenciones totales y permanentes en los derechos de importación de bienes de capital y componentes, tasa cero para los derechos de exportación (retenciones) y reducciones drásticas en las alícuotas del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). En el plano financiero y de control monetario, la iniciativa consagra una estabilidad fiscal absoluta e inalterable por el término de treinta años y habilita un cronograma progresivo de libre disponibilidad de divisas que les permitirá a las firmas retener fuera del circuito del Banco Central el 20% de los dólares de exportación en el primer año, el 40% en el segundo y el 100% a partir del tercer año de operación. Sabemos que el éxito global de esta ingeniería legal quedará estrictamente supeditado al humor del Congreso y a la subordinación de los gobiernos provinciales y municipales, a quienes el texto les exige una adhesión expresa sin grises bajo apercibimiento de considerar “nula de nulidad absoluta” cualquier tasa o regulación local que intente morder o limitar los incentivos nacionales.

Con la posibilidad de dirimir eventuales controversias con el Estado argentino mediante tribunales de arbitraje internacional fuera de la órbita de los jueces locales, la Casa Rosada juega su carta más agresiva para romper la inercia del mercado interno y fundar un polo tecnológico transable antes de que concluya el actual período gubernamental.