El revés judicial que golpea a la Vicegobernadora: archivaron la denuncia de Hebe Casado y exponen una maniobra sin sustento
Redacción Oíd Mortales
La Justicia mendocina puso fin a una causa que nunca debió haber comenzado. La denuncia penal impulsada por la vicegobernadora Hebe Casado y su entorno contra referentes de Fiscalía Ciudadana fue archivada por “manifiestamente infundada”.
El Ministerio Público Fiscal determinó que los hechos denunciados por Casado directamente no existieron. No hubo amenazas, no hubo hostigamientos, no hubo intentos de ingreso forzado a su despacho, ni violación de la privacidad. Tampoco hubo ninguna conducta que, siquiera mínimamente, pudiera configurarse como delito.
Con contundencia poco habitual, el fiscal Gustavo Stroppiana —titular de la Fiscalía de Instrucción N.º 33— afirmó que no se destruyó el estado de inocencia y que no apareció ningún elemento probatorio que permita sostener la versión de la denunciante.
La causa, en términos prácticos, murió en el mismo lugar donde nació: en un expediente sin sustento jurídico.
Una denuncia que se sostuvo más por poder que por pruebas
El 21 de mayo de 2025, Casado se presentó como querellante contra los integrantes de la Fundación Fiscalía Ciudadana Javier Fernández y Marcos Neirotti, y contra un vecino ajeno a la organización, Federico Ríos. La acusación incluía un catálogo de delitos: amenazas, perturbación del orden, hostigamientos y hasta “intento de ingreso al despacho”.
Lo llamativo no fue solo la gravedad de lo denunciado, sino la ausencia absoluta de pruebas desde el primer día.
Aun así, el Ministerio Público otorgó de inmediato y sin fundamentos una medida cautelar extrema: prohibirles a los denunciados nombrar a la vicegobernadora en redes sociales y acercarse a menos de quinientos metros. En la práctica, una mordaza política.
Apenas cuatro meses después, cuando la inconsistencia de la denuncia ya era inocultable, la medida fue levantada por el propio Ministerio Público. Poco después, llegó el archivo definitivo.
El componente político: silencios, operaciones y un mensaje peligroso
Casado no solo denunció penalmente. En medios de comunicación señaló a los acusados de impulsar campañas de difamación, tener “trastornos psiquiátricos”, ser financiados por sectores políticos y participar en maniobras de espionaje. Nada de eso fue probado. De hecho, nada fue siquiera mínimamente acreditado.
Desde Fiscalía Ciudadana aseguran que el proceso estuvo acompañado de amedrentamientos, pedidos de detención, intentos de allanamiento y seguimiento político. Afirman que se trató de un intento de disciplinamiento frente a la labor que realizan monitoreando la actividad legislativa.
La frase del presidente de la Fundación, Javier Fernández, sintetiza el núcleo del conflicto:
“Finalmente, se demostró que todo fue una vil mentira. El accionar del Gobierno dejó en evidencia la capacidad que tiene nuestra organización para controlarlos.”
El problema no es Casado. El problema es cómo la hicieron denunciar.
En política, una denuncia penal nunca es un acto aislado. Se arma, se escribe, se argumenta, se presenta y se impulsa con equipos jurídicos, asesores, consultores y operadores. Y fue ese andamiaje el que quedó expuesto.
Porque una cosa es cometer un error político; otra muy distinta es que tu propio equipo te empuje a una causa sin sustento, que después se desmorona sin que puedas defenderla.
La Justicia fue clara: no existieron amenazas, ni hostigamientos, ni irrupciones, ni nada parecido a un delito.
No había hechos. No había pruebas. No había caso.
