AySA cambia de rumbo: inversión privada y casi US$2.000 millones para transformar el servicio
Tomas Alfaro
El Gobierno concretó la privatización del 90% de las acciones de AySA. El consorcio encabezado por Rowing ofreció US$340,2 millones y deberá ejecutar un fuerte plan de inversión durante los primeros cinco años, con metas concretas de expansión y mejora del servicio.
AySA atraviesa un cambio de rumbo que marca una de las principales transformaciones del Gobierno de Javier Milei en materia de empresas públicas. Después de años de gestión estatal, el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos pasó al sector privado mediante un proceso de licitación que busca combinar inversión, expansión de la infraestructura y control público del servicio.
La apertura de las ofertas económicas, realizada el 8 de octubre, dejó en primer lugar al consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX, encabezado por Walter Román y con la participación del empresario Mauricio Filiberti. El grupo presentó la oferta más alta, por US$340,2 millones por el 90% de las acciones de AySA, superando los US$285 millones ofrecidos por el consorcio liderado por Roggio. De esta manera, el grupo Román-Filiberti se impuso en la instancia económica de la licitación y quedó en condiciones de asumir el control de la compañía, sujeto a la formalización de la adjudicación definitiva.
Una inversión que pone el foco en la infraestructura
Más allá del precio de la operación, el principal atractivo del nuevo modelo está en las obligaciones de inversión que asumirá el concesionario. El contrato establece un programa de más de US$2.000 millones para los primeros cinco años, mientras que el compromiso total previsto para los primeros 30 años alcanza unos US$15.040 millones.
El plan quinquenal 2027-2031 contempla obras, mantenimiento, mejoras y gastos de operación. En términos nominales, el programa asciende a $2,89 billones a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. El objetivo es renovar infraestructura, ampliar la cobertura y elevar la eficiencia del sistema.
Las metas de cobertura también están explicitadas. Para 2031 se prevé alcanzar una cobertura del 75,3% en agua potable y del 63,9% en cloacas. Al finalizar el período inicial de la concesión, las metas mínimas ascienden al 90% y 75%, respectivamente.
Más inversión, menor presión sobre las cuentas públicas
El nuevo esquema busca que la expansión del servicio deje de depender principalmente de transferencias del Tesoro y pase a estar respaldada por capital privado. Según el Gobierno, AySA recibió más de US$13.400 millones de transferencias del Tesoro entre 2006 y 2023, mientras persistían déficits de cobertura y problemas de eficiencia.
La lógica del cambio es trasladar al operador privado el riesgo empresario y la responsabilidad de financiar las inversiones comprometidas, mientras el Estado mantiene su función de regulación y control. Las obras incorporadas durante la concesión seguirán siendo parte del patrimonio estatal una vez finalizado el contrato.
El modelo también incorpora metas y mecanismos de seguimiento que permiten medir el cumplimiento de las obligaciones. La inversión deja así de ser una expectativa general y se vincula con un programa concreto de obras, mantenimiento, mejoras y expansión.
Un cambio en el rol del Estado
La privatización de AySA tiene una dimensión que excede a la propia empresa. Representa un cambio en la concepción sobre el papel del Estado en los servicios públicos: en lugar de administrar directamente una compañía, el Estado concentra su intervención en establecer reglas, supervisar la calidad y controlar que el operador cumpla con sus obligaciones.
El proceso fue habilitado por la Ley Bases y reglamentado posteriormente mediante el Decreto 494/2025 y distintas resoluciones del Ministerio de Economía. La licitación estableció la venta de las acciones estatales y un nuevo esquema de concesión con una duración inicial de 30 años, con posibilidad de una extensión de diez años.
AySA presta servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses del área metropolitana. La magnitud del sistema hace que el resultado del proceso tenga impacto directo sobre millones de usuarios y convierta a las inversiones previstas en uno de los principales indicadores para evaluar la nueva gestión.
El desafío: transformar inversión en resultados
El nuevo esquema parte de una premisa clara: atraer capital y gestión privada para acelerar obras y mejorar la eficiencia de una infraestructura que requiere inversiones sostenidas. La contraparte es un Estado con capacidad para controlar que esas obligaciones efectivamente se cumplan.
La verdadera medida del éxito estará en los próximos años: más cobertura, menos pérdidas, redes renovadas, plantas con mayor capacidad y un servicio que pueda sostener sus operaciones con una menor dependencia de los recursos fiscales. Con la privatización, el Gobierno consolida un cambio de rumbo en su política sobre empresas públicas; ahora será el momento de medir sus resultados.
