Presupuesto 2027: crecer al 4% sin abandonar la disciplina fiscal

El Gobierno proyecta una expansión económica impulsada por la inversión, las exportaciones y el consumo privado, sin recurrir al déficit como motor artificial. El desafío será demostrar que la Argentina puede crecer mientras paga su deuda, reduce la inflación y mantiene ordenadas las cuentas públicas.

Durante buena parte de su historia reciente, la Argentina trató al crecimiento y al equilibrio fiscal como objetivos incompatibles. Cuando la actividad económica se debilitaba, el Estado aumentaba el gasto para estimular la demanda. Cuando el déficit se volvía inmanejable, llegaba el ajuste y con él una nueva recesión. El resultado fue una economía atrapada entre expansiones breves, inflación, endeudamiento y crisis periódicas.

El Presupuesto 2027 intenta romper ese mecanismo.

El Gobierno proyecta un crecimiento real del 4% sin abandonar la regla de déficit cero. Al mismo tiempo, estima una inflación del 18% entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027, un aumento del consumo privado del 3,4% y una expansión de la inversión bruta fija del 9,2%. No es una combinación habitual para la Argentina: la economía crecería mientras el Estado mantiene superávit primario y financiero.

El Sector Público Nacional cerraría el ejercicio con un resultado primario positivo del 1,3% del PBI, equivalente a $18,44 billones, y un superávit financiero del 0,2%, unos $3,30 billones después del pago de intereses. Si la previsión se cumple, el Gobierno completará cuatro años consecutivos de equilibrio financiero sin encontrarse en una situación de default.

Ese dato es más importante que muchas de las cifras particulares del proyecto. Significa que la expansión prevista para 2027 no descansará sobre una nueva emisión monetaria destinada a cubrir el gasto ni sobre el uso del endeudamiento para sostener artificialmente el consumo. La apuesta es otra: que el sector privado ocupe el espacio que durante décadas pretendió ocupar el Estado.

Crecer sin impulso fiscal

El Presupuesto Nacional autoriza gastos por $202,10 billones para la Administración Pública Nacional, frente a recursos estimados en $202,35 billones. En términos nominales, las erogaciones aumentarán 36,5% respecto de 2026. Descontada la inflación, el gasto crecería apenas 2,2%.

No hay, por lo tanto, un ajuste generalizado de la magnitud aplicada durante los primeros años de la administración. Pero tampoco aparece una expansión fiscal destinada a empujar la actividad. El gasto crece por debajo del PBI proyectado y cambia su composición interna.

Los servicios sociales aumentan 6,1% en términos reales y concentran el 74,67% del presupuesto. En cambio, los servicios económicos caen 14,2% real y la administración gubernamental retrocede 16,1%. Defensa y seguridad permanecen prácticamente estables.

El mensaje es bastante claro: el Estado mantiene sus obligaciones sociales, reduce el peso de su estructura administrativa y continúa retirándose de actividades económicas que pueden ser atendidas por el sector privado.

La inversión pública seguirá en niveles mínimos. Los gastos de capital del Sector Público Nacional representarán apenas el 0,4% del PBI. Esa cifra podría ser presentada como una debilidad, porque expone el limitado margen para financiar infraestructura desde el Tesoro. También refleja un cambio de modelo: el crecimiento proyectado no depende de que el Estado vuelva a convertirse en el principal contratista de obra pública.

La expansión de la inversión prevista para 2027 deberá surgir de empresas privadas, concesiones, proyectos energéticos, minería, agroindustria, infraestructura asociada a las exportaciones y grandes emprendimientos incorporados al RIGI. El Estado deja de prometer que construirá todo. Su función pasa a ser sostener reglas estables, garantizar contratos y evitar que el desorden macroeconómico destruya los proyectos antes de que maduren.

La inversión como motor

El aumento proyectado del 9,2% en la inversión bruta fija es una de las variables centrales del presupuesto. Si se cumple, la economía crecerá con una composición distinta a la de otras recuperaciones argentinas, muchas veces impulsadas por aumentos transitorios del consumo público, tarifas atrasadas, controles cambiarios o tipos de cambio artificiales.

La inversión produce un efecto menos inmediato, pero más profundo. Amplía la capacidad productiva, incorpora tecnología, mejora la productividad y genera exportaciones futuras. También necesita previsibilidad. Ninguna empresa compromete capital a diez o veinte años si teme que el déficit vuelva a financiarse con emisión, que la inflación se acelere o que una devaluación desordenada modifique por completo sus costos.

La disciplina fiscal funciona, en ese contexto, como una política de crecimiento. No porque el superávit construya fábricas o extraiga petróleo, sino porque reduce una de las principales fuentes de incertidumbre de la economía argentina.

El Gobierno espera que las exportaciones de bienes y servicios alcancen aproximadamente USD 133.000 millones y que el superávit comercial cierre en USD 15.560 millones. La energía, la minería, el agro y los servicios basados en el conocimiento aparecen como las fuentes de divisas capaces de sostener la estabilidad cambiaria sin recurrir permanentemente a restricciones.

Vaca Muerta ya dejó de ser una promesa geológica. La minería comienza a recibir proyectos de gran escala y el sector agroindustrial conserva una capacidad exportadora que pocas economías de la región pueden igualar. Si esas actividades aumentan su producción, el ingreso de dólares dejará de depender exclusivamente de una buena cosecha.

El modelo económico necesita esa transformación. El equilibrio fiscal ordena los pesos, pero son las exportaciones las que deben proveer los dólares.

El riesgo del ancla cambiaria

El Presupuesto calcula un tipo de cambio oficial mayorista de $1.847,60 para diciembre de 2027. La variación prevista respecto del cierre estimado de 2026 sería del 15,5%, ligeramente inferior a la inflación proyectada del 18%.

El dólar continuaría funcionando como ancla nominal de los precios. Es una estrategia que puede acelerar la desinflación, pero exige productividad, ingreso de capitales y una oferta creciente de divisas. Si los costos internos avanzan persistentemente por encima del tipo de cambio, algunos sectores productivos podrían perder competitividad.

La diferencia respecto de otros períodos de atraso cambiario es que ahora el Gobierno apuesta a compensar ese efecto con baja inflación, desregulación, reducción del costo financiero y mejoras productivas. El problema es que varias de esas transformaciones demandan tiempo, mientras las empresas deben competir todos los días.

No alcanza con tener un dólar estable. La Argentina necesita que producir resulte más barato.

Allí aparece una de las principales limitaciones del Presupuesto 2027. La presión tributaria efectiva aumentaría de 21,06% a 21,70% del PBI. El equilibrio no se sostiene todavía sobre una reducción generalizada de impuestos, sino sobre una mayor recaudación asociada al crecimiento, las retenciones, los impuestos a los combustibles, el IVA y Ganancias.

Los derechos de exportación aportarían el 0,85% del PBI. Los impuestos sobre los combustibles registrarían un incremento nominal del 59,3%. El impuesto al cheque continuará siendo una fuente necesaria de recursos. Son tributos difíciles de conciliar con una economía que necesita ganar competitividad.

El Gobierno puede sostener, con razón, que bajar impuestos antes de consolidar las cuentas implicaría regresar al déficit. El superávit financiero proyectado es de apenas 0,2% del producto. Una reducción tributaria de cierta magnitud consumiría ese margen de inmediato.

El orden fiscal es una condición para bajar impuestos, pero todavía no constituye la baja de impuestos.

El peso de la deuda

El margen financiero también está condicionado por los intereses. El superávit primario asciende a 1,3% del PBI, pero se reduce a 0,2% después de atender el costo de la deuda. La diferencia, equivalente a 1,1 puntos del producto, significa que los intereses absorberán alrededor del 84,6% del resultado primario.

A eso se suma un exigente calendario de vencimientos. Durante 2027, la Argentina deberá afrontar obligaciones en moneda extranjera por aproximadamente USD 24.900 millones. Más de la mitad corresponde a tenedores privados de bonos reestructurados.

El Gobierno espera refinanciar una porción de esos compromisos mediante títulos bajo legislación local, organismos multilaterales y operaciones en el mercado interno. La posibilidad de volver plenamente al crédito internacional dependerá del riesgo país. El Presupuesto no incorpora emisiones de bonos Globales en sus planillas principales, aunque deja abierta una autorización legal para acudir a plazas extranjeras si mejoran las condiciones.

El equilibrio fiscal cumple allí otra función. No solo evita la emisión: demuestra capacidad de pago.

Un país que genera superávit y cumple sus vencimientos reduce gradualmente el riesgo exigido por los inversores. Menor riesgo soberano significa menor costo financiero para el Tesoro, pero también para las provincias y las empresas. La inversión privada proyectada difícilmente podrá crecer 9,2% si el crédito sigue siendo escaso y caro.

La disciplina fiscal no es un objetivo aislado. Es el punto de partida para reconstruir el financiamiento.

Una prueba distinta

Las proyecciones oficiales pueden fallar. El crecimiento del 4% supone inversiones que deberán concretarse, exportaciones elevadas y un consumo privado en recuperación. La inflación del 18% exige mantener controladas las expectativas, los salarios, las tarifas y el tipo de cambio. El superávit financiero, por su parte, dispone de un margen tan pequeño que una caída de la recaudación o una suba del gasto podría eliminarlo.

El escenario tampoco contempla una cosecha débil, una reducción pronunciada de los precios internacionales ni un deterioro del contexto financiero global. En una economía todavía frágil, cualquier shock puede modificar las cuentas.

Pero el enfoque representa una ruptura con el pasado. Durante años, los presupuestos argentinos prometieron crecimiento porque el Estado aumentaría el gasto. El proyecto de 2027 plantea lo contrario: la economía crecerá porque el Estado dejará de ser una fuente permanente de inestabilidad.

No se propone enfriar la actividad para sostener el superávit ni abandonar el equilibrio para financiar la recuperación. La apuesta consiste en crecer dentro de la disciplina fiscal.

El éxito no estará determinado solamente por alcanzar el 4%. La prueba será la calidad de ese crecimiento: cuánta inversión genera, cuánto empleo formal crea, cuánto aumenta las exportaciones y cuánto permite reducir la carga tributaria en los años siguientes.

Si el crecimiento necesita nuevamente déficit, emisión y controles, la Argentina habrá regresado al punto de partida. Si puede sostenerse con inversión privada, exportaciones y estabilidad, el equilibrio fiscal dejará de ser visto como un sacrificio transitorio.

Pasará a ser la base de una economía normal.