Otra vez sopa: La AGN detecta irregularidades en la UBA Derecho

La Auditoría General de la Nación ha publicado un informe tras examinar los procesos de la Facultad de Derecho de la UBA, revelando una fisonomía de gestión que presenta baches alarmantes en la transparencia de sus mecanismos internos. El relevamiento expone la necesidad de profesionalizar el manejo de los recursos en una de las casas de estudios más influyentes del país, donde la formación de los futuros cuadros jurídicos debe estar respaldada por una administración libre de tachas.

El informe arroja luz sobre la cronicidad de falencias presupuestarias y operativas que rozan la irregularidad. La auditoría señala que la facultad operó con una arquitectura administrativa deficiente, detectando partidas bancarias sin contabilizar y una serie de contrataciones ocultas que escapan a los registros oficiales. Lo más llamativo del despliegue contable es que, a pesar de las constantes demandas de fondos, la institución terminó el ejercicio con un presupuesto ejecutado apenas a la mitad, lo que sugiere una incapacidad de gestión o una acumulación injustificada de recursos mientras las necesidades académicas persisten.

Cuando hablamos de la viabilidad de la autonomía universitaria se debería asentar, fundamentalmente, en la capacidad de las instituciones para rendir cuentas de manera clara. El examen de la AGN funciona como una advertencia sobre los riesgos de mantener estructuras cerradas que facilitan la opacidad en el manejo de las cajas académicas. Para la comunidad universitaria, este diagnóstico no debe ser interpretado como un ataque, sino como una hoja de ruta para desarmar los nichos de inercia y asegurar que cada peso destinado a la educación superior se convierta en excelencia y no en saldos bancarios fantasmales o contratos fuera de programa.

Por ahora, el asunto queda en manos de las autoridades de la Facultad, quienes deberán explicar por qué la “casa de las leyes” operaba con fondos en la sombra y una subejecución presupuestaria sistemática. La transparencia no es una opción, sino el requisito básico para sostener el prestigio de la universidad pública. Mientras el país discute la eficiencia del gasto estatal, la Facultad de Derecho tiene la oportunidad de liderar con el ejemplo, demostrando que el respeto a la ley empieza por casa y por el control estricto de sus propias cuentas.