El 8 de febrero de 1974, en una conferencia de prensa en la residencia presidencial de Olivos, la periodista Ana Guzzetti increpó públicamente al entonces presidente Juan Domingo Perón por la impunidad de los grupos parapoliciales que asesinaban militantes. La respuesta del líder justicialista fue ordenar una causa judicial en su contra.
Guzzetti trabajaba para el diario El Mundo, un medio cercano al PRT-ERP. Aquel medio estaba vinculado al Partido Revolucionario de los Trabajadores y era cercano al Ejército Revolucionario del Pueblo, aunque ella nunca integró la guerrilla. Lo llamativo del episodio, sin embargo, es que la propia periodista no hablaba desde la vereda de enfrente: era peronista.
Una militante que incomodó a su propio líder
Durante el cruce, Perón no dejó que la periodista terminara de hablar y le repreguntó si se hacía responsable de su acusación sobre los grupos parapoliciales. Casi sin mediar respuesta, el presidente instruyó a sus colaboradores para que el Ministerio de Justicia iniciara una causa judicial contra Guzzetti. Ante la embestida presidencial, la periodista no retrocedió: aclaró que era militante del movimiento peronista desde hacía trece años.
La escena resume una paradoja que el relato peronista sobre los setenta suele evitar: quien terminó perseguida por el aparato represivo del Estado no era una opositora, sino una peronista que exigía coherencia a su propio gobierno.
La Triple A, un invento del propio poder peronista
Semanas después del cruce, Guzzetti fue víctima de un intento de secuestro por parte de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), la organización parapolicial que operó desde el propio Ministerio de Bienestar Social, entonces a cargo de José López Rega. Según reconstruyó luego el periodista Orlando Barone, Guzzetti logró salvarse de aquel intento gritando su identidad en la vía pública.
Días más tarde se formalizó la querella contra la periodista y contra el diario, y sus directivos fueron notificados durante un allanamiento en la redacción. El aparato judicial y el aparato parapolicial actuaron en simultáneo contra una crítica interna del propio movimiento gobernante.
Un antecedente que el kirchnerismo prefiere no mencionar
El caso Guzzetti es incómodo para cualquier relato que ubique el inicio del terrorismo de Estado en marzo de 1976. La Triple A operó bajo un gobierno constitucional peronista, con recursos del Estado y bajo la mirada de un presidente que, lejos de condenar la persecución, la validó judicialmente.
Este antecedente resulta especialmente relevante hoy, cuando el gobierno nacional impulsa una revisión crítica del relato de derechos humanos construido durante el kirchnerismo. La historia de Guzzetti ofrece un caso concreto, documentado y anterior al golpe de 1976, que respalda esa discusión con hechos y no con consignas.
Ana Guzzetti: Una historia rescatada del olvido
El episodio permaneció ignorado durante años hasta que Orlando Barone lo recuperó públicamente en un programa de televisión. Guzzetti murió en 2012 en Trenque Lauquen, y el Senado de la Nación aprobó una resolución en su memoria, impulsada por el entonces senador Eugenio “Nito” Artaza.
La reivindicación tardía de Guzzetti no borra el hecho central: el aparato represivo que la persiguió no nació con la dictadura. Nació antes, bajo un gobierno peronista, y fue el propio Perón quien avaló la denuncia contra ella.




