El oficialismo va por el Super RIGI y los fondos buitre con el reloj en contra
Redacción Oíd Mortales
Este miércoles 17 de junio, la Cámara de Diputados reúne dos plenarios de comisión para dictaminar el Super RIGI y el acuerdo de conciliación con los holdouts. El oficialismo pretende sesionar el 24 de junio, con ambas iniciativas en el temario. El plazo para el pago a los fondos buitre vence el 30 de junio: no hay margen para errores.
Desde las 12, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia analizarán el expediente de renegociación con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund. El acuerdo autoriza el pago de 171 millones de dólares a tenedores de títulos públicos que iniciaron demandas en 2001 y nunca ingresaron al acuerdo Macri-holdouts de 2016. El Senado ya le dio media sanción el 5 de junio con 40 votos a favor y 22 en contra.
Desde las 15, las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia dictaminarán el Super RIGI, el régimen de incentivos para inversiones superiores a 1.000 millones de dólares en “industrias del futuro”: fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, inteligencia artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y cadena de valor del uranio. El proyecto aún deberá pasar por el Senado.
Qué ofrece el Super RIGI:
Las empresas que ingresen al régimen acceden a estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera durante 30 años. El umbral mínimo de inversión —1.000 millones de dólares— cuadruplica el del RIGI original. El Ministerio de Economía excluyó expresamente recursos naturales e infraestructura, ya cubiertos por el régimen vigente.
PRO y UCR apoyaron la iniciativa pero condicionaron su aval a dos puntos: incluir un mínimo del 20% de contratación de proveedores locales —como en el RIGI original— y acotar la definición de “industrias del futuro”, que en el texto actual es excesivamente amplia. El oficialismo se habría comprometido a atender esos reclamos durante el debate.
La ley de Lobby, que estaba prevista para la misma sesión, quedó fuera del temario ante las críticas de asociaciones civiles, sindicatos y cámaras empresarias.
