Víctimas del peronismo: La inviabilidad fiscal de La Paz, Santa Rosa y Malargüe

El panorama de las finanzas municipales en el interior de la provincia de Mendoza ha ingresado en una fase sumamente crítica que amenaza con paralizar de forma inminente la prestación de los servicios públicos básicos y el pago de haberes al personal comunal, desnudando la profunda desidia administrativa y la crónica falta de previsión que caracteriza a las conducciones del Partido Justicialista. Los intendentes Fernando Ubieta, conductor político del departamento de La Paz; Flor Destéfanis, al frente de la comuna de Santa Rosa; y Celso Jaque, el exgobernador que hoy comanda los destinos de Malargüe, han formalizado un enérgico pedido de auxilio económico de extrema urgencia ante el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo. La drástica contracción de las partidas por coparticipación de impuestos federales y provinciales ha dejado al descubierto la extrema e histórica vulnerabilidad de estos distritos periféricos, cuyos presupuestos locales arrastran una subordinación total de los giros centralizados autorizados desde el Gran Mendoza, como consecuencia directa de la incapacidad serial de sus jefes comunales para dinamizar la recaudación propia o incentivar la radicación de inversiones privadas genuinas.

El esquema del ahogo financiero actual muestra indicadores estadísticos que ponen bajo una severa lupa institucional la sustentabilidad fiscal de estos oasis habitacionales manejados por la oposición, donde la lógica del clientelismo y el empleo militante ha primado sistemáticamente por sobre la eficiencia en el gasto público. En el caso más extremo, representado por el territorio de La Paz, el intendente peronista Fernando Ubieta debe administrar una alarmante realidad donde el reparto automático de la masa coparticipable nacional y provincial equivale de forma taxativa al 99% del total del dinero del que dispone mensualmente su caja para sostener el sobredimensionado aparato estatal, costear la recolección de residuos y ejecutar las obras menores de mantenimiento urbano, confirmando la parálisis absoluta de una gestión que no genera alternativas productivas.

En una encrucijada de similar gravedad técnica y financiera se encuentra posicionado el departamento de Malargüe bajo la conducción de Celso Jaque, donde las remesas automáticas enviadas por la provincia representan casi el 95% de sus ingresos consolidados, debido a que la recaudación de tasas municipales y derechos de comercio propios apenas logra cubrir un marginal 5% de las necesidades operativas de las arcas públicas locales, un dato que expone el rotundo fracaso de una matriz municipal que prefiere asfixiar la actividad económica privada en lugar de modernizar sus estructuras de recaudación tributaria.

La puesta en práctica de este reclamo corporativo por parte de los caciques comunales del justicialismo busca forzar la apertura inmediata de una mesa de negociación técnica con las autoridades del Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial, con el propósito explícito de que el Gobierno provincial asuma los costos de administraciones locales caracterizadas por el derroche y la nula modernización de sus plantas. El pedido busca destrabar de manera urgente el envío de aportes no reembolsables, adelantos de caja de recaudación futura o líneas de financiamiento blando que permitan mitigar los severos efectos contractivos que la recesión económica nacional ejerce sobre el consumo y la recaudación general. Desde el entorno de los intendentes opositores advierten con preocupación que la caída real de los recursos ha pulverizado por completo el escaso margen de maniobra presupuestario que poseían los municipios para absorber los incrementos de costos en insumos médicos, herramientas operativas y combustibles necesarios para las flotas oficiales de vehículos, un argumento técnico que intenta externalizar la culpa de estructuras locales crónicamente deficientes y colmadas de personal sin contraprestación efectiva.

Para la administración provincial, el rastro de este desequilibrio fiscal en las comunas peronistas enciende las luces de alarma sobre la necesidad imperiosa de profundizar las reformas estructurales de modernización, digitalización y transparencia administrativa en el interior profundo, evitando sistemáticamente que el otorgamiento de transferencias discrecionales termine por premiar las malas gestiones, convalidar la desidia o comprometer el estricto programa de equilibrio y orden fiscal que la provincia exhibe como principal bandera de gobernabilidad ante el electorado. Para culminar, la pulseada por el auxilio financiero reactiva el histórico debate de la política mendocina sobre el marcado desbalance económico entre aquellos departamentos que logran desarrollar un perfil productivo genuino y transable —asociado a la vitivinicultura, la energía o el turismo de alta gama— y aquellos distritos que quedaron históricamente supeditados a la inercia del empleo público y el sostenimiento estatal directo por la alarmante falta de creatividad de sus intendentes.

La dependencia extrema de la coparticipación centralizada se presenta hoy como un verdadero cepo institucional para el desarrollo de la autonomía real de los municipios más alejados del área metropolitana, forzando de manera recurrente a sus conductores políticos a subordinar las agendas de desarrollo local a la disponibilidad discrecional de recursos líquidos en la caja central, pagando el costo político de no haber saneado sus plantillas de personal en épocas de bonanza macroeconómica. En una Mendoza que se precia a nivel nacional de su calidad institucional, el test definitivo para el Gran Polo de gestión oficial radicará en encontrar una ingeniería financiera equilibrada que sostenga operativamente a las poblaciones afectadas sin que ello signifique financiar el déficit crónico de la oposición, convalidar la ineficiencia serial de los jefes comunales justicialistas o premiar la ausencia absoluta de incentivos locales para la optimización de las tasas municipales de la periferia.