¿Presupuesto para todos o caja propia?: El Ministerio de Capital Humano frena la embestida de la UBA por los fondos de salud
Redacción Oíd Mortales
La pulseada por el financiamiento de los hospitales universitarios ha escalado a un nuevo nivel de hostilidad tras la respuesta tajante del Gobierno nacional a los reclamos de la Universidad de Buenos Aires. En un comunicado que desnuda la aritmética del conflicto, el Ministerio de Capital Humano calificó de “inadmisible” la pretensión de la UBA de acaparar casi la totalidad de una partida federal, señalando que la administración de Sandra Pettovello no está dispuesta a ceder ante lo que consideran un intento de apropiación de recursos que pertenecen a todo el sistema universitario nacional.
La fisonomía del reclamo quedó expuesta en las cifras oficiales: de un fondo total de $79.763.113.948 destinado a la red de hospitales universitarios de todo el país, la gestión de la UBA solicitó formalmente el pasado 30 de abril una asignación de $75.371.896.068. Esta petición representaría el 94,5% de la torta presupuestaria, dejando apenas un remanente de poco más de cuatro mil millones para el resto de las casas de altos estudios del interior que también gestionan centros de salud. Para el Ejecutivo, esta desproporción no solo es inviable, sino que carece de cualquier criterio de distribución eficiente y solidaria dentro del esquema federal.
La operatividad del financiamiento, según la cartera de Capital Humano, se ha cumplido de manera estricta bajo los créditos asignados por la Ley de Presupuesto 2026, incluyendo tanto salarios como gastos de funcionamiento. El conflicto reside en que la UBA pretende forzar una asignación adicional mediante la presión pública y amenazas de medidas de fuerza, una táctica que el Gobierno interpreta como un intento de imponer criterios sectoriales por sobre el interés general del sistema. La cronicidad de estos cruces pone de manifiesto una crisis de confianza donde la transparencia en el manejo de los fondos vuelve a estar en el centro del debate político.
Por ahora, el desenlace de esta batalla contable mantiene en vilo la normal prestación de los servicios en los hospitales escuela. Mientras la universidad denuncia un ahogo financiero que pone en riesgo la salud de miles de pacientes, el Gobierno se planta en la defensa de una distribución que contemple a todas las provincias y no solo al polo porteño. La resolución de este entuerto presupuestario será el test definitivo para determinar si la autonomía universitaria puede convivir con las restricciones de un Estado que ha decidido auditar cada peso y no ceder ante las demandas de las estructuras tradicionales de poder académico.
