sábado, septiembre 19 2026
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La puesta en escena de la unidad institucional tras el 1 de mayo duró apenas lo que tardaron en cruzar los pasillos de la Legislatura. El choque frontal entre el discurso de “Mendoza productiva” de Alfredo Cornejo y la advertencia de Celso Jaque sobre la falta de beneficios en Malargüe asomándose el riesgo de consolidar economías de enclave. Sin una legislación de compre local efectiva y con esquemas de regalías bajo revisión, la tensión por quién se queda con la tajada de Vaca Muerta y la minería asoma como el conflicto latente que puede empantanar las proyecciones oficiales.

El plan gubernamental se apoya en una premisa de incentivos fiscales y celeridad en las concesiones, buscando posicionar a Mendoza como un destino competitivo para el capital internacional. Sin embargo, este esquema es precisamente lo que Jaque cuestiona desde el territorio. El planteo del intendente sureño parece un simple reclamo partidario aunque otros opinan que es una radiografía de la provincia con empresas que operan con personal y proveedores de otras provincias, dejando en el departamento productor el impacto en la infraestructura pero una recaudación directa que tiende a la baja por los acuerdos de fomento.

El punto de fricción más agudo reside en la ausencia de obligaciones contractuales que obliguen a las operadoras a contratar servicios mendocinos. Mientras el Ejecutivo confía en que la mera actividad generará un efecto derrame por inercia, la experiencia en el sur indica que, sin un marco normativo que proteja a la pyme local, la riqueza fluye por los oleoductos sin tocar puerto en la economía de cercanía. Este vacío legal permite que la renta se concentre en las sedes corporativas, mientras las comunidades locales lidian con el encarecimiento del costo de vida y la presión sobre los servicios públicos que trae aparejada cualquier boom extractivo.

Por ahora, el escenario plantea una encrucijada de difícil resolución. Por un lado, la urgencia de Cornejo por mostrar resultados macroeconómicos y atraer divisas bajo el paraguas del RIGI; por otro, la demanda de los municipios por asegurar una cuota de participación real que justifique la explotación de sus recursos no renovables. El desenlace de esta pugna definirá si el anunciado resurgimiento energético será un motor de desarrollo integral para la provincia o si, por el contrario, terminará como un nuevo capítulo de exportación de materia prima con escaso valor agregado y un saldo social discutible.