El fin del monopolio estatal: El RIGI activa la inversión privada en la infraestructura del gas
Redacción Oíd Mortales
El esquema del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) ha cristalizado un giro fundamental en la gestión de los recursos energéticos con la aprobación de la ampliación del gasoducto Perito Moreno por parte de TGS. A través de un comunicado en su cuenta oficial de la red social X, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la puesta en marcha de esta operación que movilizará más de 500 millones de dólares de capital privado, marcando el cierre de un ciclo de dos décadas de dependencia del financiamiento público.
La configuración de este proyecto permitirá inyectar 12 millones de metros cúbicos diarios adicionales al anillo de Buenos Aires antes del invierno de 2027. Según detalló el titular de la cartera económica, la inversión de TGS —que a su vez habilitará desembolsos complementarios por otros 200 millones de dólares— tendrá un impacto directo en el bolsillo de los consumidores residenciales e industriales. Al desplazar la importación de Gas Natural Licuado (GNL) por producción local transportada por privados, el costo de la energía se reducirá a una fracción del valor actual, eliminando la cronicidad de las sangrías de divisas por compras de emergencia en el exterior.
El despliegue de esta obra supone, además, un cambio de paradigma en la lógica de los contratos energéticos. Por primera vez en más de 20 años, es el sector privado el que asume el riesgo de contratar y financiar la infraestructura para vender esa capacidad excedente a otros actores privados, desarticulando el rol del Estado como único comprador y garante. Esta dinámica de mercado es la que el Ejecutivo busca replicar en todo el territorio, sumando ya catorce proyectos aprobados bajo el paraguas del RIGI que totalizan inversiones por 28 mil millones de dólares, con una proyección que podría alcanzar los 97 mil millones en el corto plazo.
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Por ahora, el éxito de la convocatoria al capital internacional y local actúa como un alivio para la macroeconomía argentina. El éxito de estas inversiones será la medida real de la capacidad del país para transformar su potencial geológico en una realidad productiva sin recurrir a la emisión o al endeudamiento público. Mientras la Secretaría de Energía monitorea el avance de las obras, la consolidación del RIGI se presenta como la herramienta definitiva para asegurar que la Argentina deje de importar energía cara para pasar a exportar valor agregado, consolidando un sendero de soberanía basado en la inversión genuina y el respeto a la propiedad privada.
