El Gobierno Nacional ha sacudido el tablero de la obra pública con un hito de descentralización que rompe con la inercia centralista de las últimas décadas. Mediante el Decreto 253/2026 la Casa Rosada le entregó a Mendoza la determinación de gestionar sus propios corredores nacionales sacando del medio la burocracia de Buenos Aires que históricamente funcionó como un ancla para el desarrollo cuyano. Ya no se trata de esperar un guiño del despacho de algún funcionario nacional para tapar un pozo en la Ruta 7 porque ahora la provincia tiene la autonomía técnica y legal para licitar y mantener sus arterias vitales.
Esto apuesta a que el conocimiento local sea el motor de la eficiencia. Al delegar la administración de las rutas nacionales el presidente Milei ratifica que la viabilidad del país depende de empoderar a los gobernadores que demuestren capacidad de gestión. Es un voto de confianza que premia la responsabilidad fiscal y entierra esa idea centralista de creer que una oficina en Capital Federal conoce mejor las necesidades de transporte de carga de Luján o Guaymallén que los propios mendocinos.
El mercado, indudablemente, ve este movimiento como una invitación directa a la inversión extranjera. Al habilitar concesiones de largo plazo y el repago mediante peajes locales se genera un escenario de previsibilidad que las operadoras mineras y energéticas venían reclamando. Defender el federalismo con hechos y no con discursos de barricada es la batalla necesaria por la verdad que el Ejecutivo está ganando en el interior profundo. La resolución de este nuevo esquema vial permitirá que Mendoza deje de ser un rehén de las prioridades de turno de la Nación para convertirse en la arquitecta de su propia conectividad.
El impacto de esta medida trasciende lo vial porque redefine el contrato entre las provincias y el poder central. La determinación de Mendoza de aceptar este desafío es un hito que marca el camino hacia una Argentina más competitiva y menos dependiente del látigo de la coparticipación. Por ahora el mensaje que emana de este decreto es de una vitalidad absoluta hacia la libertad de acción de las provincias. El Gobierno Nacional cumplió con su parte de soltar amarras y Mendoza ya está lista para demostrar que el federalismo bien entendido empieza por casa.




