El Gobierno de Mendoza ha anunciado que ya no prestará unidades del servicio público para el traslado gratuito de hinchadas en eventos deportivos. Esto rompe con una inercia de años donde el Estado subvencionaba la logística de los clubes y ratifica una ingeniería de gestión donde el recurso público se protege con firmeza técnica. La decisión del Ministerio de Gobierno e Infraestructura pone punto final a un privilegio que la sociedad mendocina ya no estaba dispuesta a financiar y establece un estándar de normalidad democrática donde cada institución debe hacerse cargo de sus propios costos operativos.
La arquitectura de esta nueva política destaca por su lógica de equidad. Se menciona que el uso de los colectivos del sistema MendoTran para mover barras o parcialidades no solo generaba un bache financiero sino que afectaba la viabilidad de las frecuencias para el usuario común que paga su boleto. Esto de distraer unidades de su recorrido habitual para cumplir con compromisos dirigenciales ha quedado enterrada bajo una visión que prioriza el servicio básico. La determinación oficial es tajante si los clubes necesitan movilidad para sus socios deberán contratar servicios privados de la misma forma que lo hace cualquier organización civil o comercial.
Esto buscaría sanear la relación entre el fútbol y el Estado. Al eliminar el transporte de cortesía se quita un incentivo que muchas veces terminaba facilitando el desplazamiento de sectores violentos bajo el paraguas de una supuesta “colaboración institucional“. Defender la transparencia en el uso de los bienes del Estado es la batalla necesaria por la verdad que se tiene que dar para demostrar que no hay más espacio para el despilfarro. Los clubes ahora deberán demostrar su madurez gestionando sus propios recursos sin esperar el auxilio permanente de la caja estatal.
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El impacto de la medida ya se siente en el ambiente deportivo pero el respaldo ciudadano es la prueba de que el rumbo es el correcto. La pregunta que queda para los clubes es qué tan rápido podrán adaptarse a un sistema donde la libertad de acción presuntamente empieza por pagar las cuentas propias.
