“Preservando la institucionalidad”: El fuerte descargo de Dalmiro Garay en defensa de la República

En un escenario de creciente hostilidad institucional, el presidente de la Suprema Corte de Mendoza, Dalmiro Garay, ha roto el silencio con un descargo técnico y político que presuntamente pone al descubierto las terminales de presión que intentan condicionar los fallos del tribunal. La advertencia del magistrado no es menor: hay un marcado énfasis en que ciertos sectores mediáticos, actuando como verdaderas “operadoras”, pretenden sustituir el rigor de los expedientes por sentencias dictadas desde el anonimato de las redes sociales o la urgencia de los portales de noticias. Para Garay, la independencia judicial no es un privilegio de casta, sino el activo innegociable que impide que el sistema republicano derive en una anarquía de relatos.

El enfoque del titular del máximo tribunal mendocino se fundamenta en la protección de un entorno de decisión técnica, libre de los ruidos de la coyuntura y de los presuntos intereses de sectores que han perdido influencia en las urnas y ahora buscan revancha en los pasillos de tribunales. Se menciona que el rumor sobre una supuesta falta de imparcialidad es, en realidad, una construcción artificial diseñada para erosionar la credibilidad de los jueces en momentos clave para el ordenamiento legal de la provincia. En este contexto, la determinación de Garay de blindar la institucionalidad es vista como un hito de saneamiento necesario, recordándole a los comunicadores que la Justicia responde a la Constitución y no a las tendencias del ecosistema digital.

Desde la perspectiva del funcionamiento del Estado, el asedio contra el Poder Judicial presuntamente responde a una estrategia de desgaste que busca debilitar los frenos y contrapesos que garantizan la seguridad jurídica de los mendocinos. Fuentes cercanas al tribunal sugieren que estas campañas de desprestigio colisionan con la realidad de un sistema que ha avanzado hacia la transparencia informativa, pero que no debe permitir la intromisión de agendas ajenas al derecho. La viabilidad de una Mendoza moderna depende de la resiliencia de sus jueces ante estas “idioteces técnicas” y operaciones de prensa que, bajo una pátina de objetividad, intentan forzar resultados judiciales a través del linchamiento público.

Finalmente, el pronunciamiento de Dalmiro Garay marca un límite ético y profesional en la relación entre el periodismo y el derecho. La determinación de proteger el fuero judicial frente a la desinformación es interpretada como una batalla necesaria por la verdad; defender el ámbito de decisión de los magistrados no es una opción, sino un estándar de normalidad democrática que debe ser sostenido y protegido. La resolución de esta puja definirá si Mendoza continúa por la senda de la previsibilidad institucional o si permite que la presión de las operadoras mediáticas convierta a la Justicia en un rehén de la conveniencia política del momento. Por ahora, el mensaje de la Corte es tajante: la ley sigue siendo el único norte, le pese a quien le pese.