Mendoza ahora puede intervenir propiedades privadas que considere “peligrosas”
Lucrecia Quiroga
La provincia habilitó un protocolo para intervenir inmuebles abandonados vinculados al delito.
A través del Ministerio de Seguridad y Justicia, encabezado por Mercedes Rus, el Gobierno de Mendoza formalizó la implementación de un nuevo “Protocolo para la Intervención Preventiva Administrativa sobre Inmuebles”, una herramienta que otorga facultades excepcionales a la cartera de Seguridad para actuar sobre propiedades privadas que “representen un riesgo para la comunidad”.
La medida fue oficializada mediante una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial de Mendoza y surge a partir de la detección de una creciente cantidad de edificios abandonados, vacantes o usurpados que han quedado fuera del control de sus propietarios. Según el diagnóstico oficial, muchos de estos inmuebles funcionan actualmente como “aguantaderos” o bases operativas para actividades ilícitas.
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De acuerdo con los fundamentos de la normativa, “la falta de mantenimiento, custodia y control de estas propiedades genera condiciones propicias para el ocultamiento de personas u objetos vinculados al delito, incrementando los niveles de inseguridad y el riesgo de victimización de los vecinos de las zonas afectadas”.
El protocolo autoriza a las autoridades a ejecutar acciones preventivas concretas, como el tapeo de accesos, demoliciones parciales y otras medidas de resguardo físico, con el objetivo de impedir el uso irregular de los inmuebles.
Desde el Gobierno aclararon que estas intervenciones no afectan la titularidad registral, por lo que no implican expropiación ni pérdida del derecho de propiedad.
Para la implementación del plan, el Ministerio de Seguridad y Justicia coordinará operativos con las Policías Distritales y los distintos municipios de la provincia, a los que se invitó a suscribir convenios de cooperación para facilitar la ejecución de las medidas en cada jurisdicción.
Medida polémica
La intervención estatal sobre inmuebles privados puede sonar autoritaria y hasta “stalinista”, pero no sería en sentido estricto mientras no implique expropiación ni pérdida de la titularidad, como aclara el propio protocolo.
Se trata de una medida administrativa preventiva, amparada en la idea de que la propiedad privada cumple una función social y no puede convertirse en un foco de delito o peligro público.
Sin embargo, el verdadero riesgo no está en la herramienta en sí, sino en su aplicación, ya que el amplio margen de discrecionalidad, la ausencia de control judicial previo y las garantías efectivas para el propietario pueden convertir una medida razonable en un avance abusivo del Estado si no existen límites claros y mecanismos de control. Por ejemplo:
¿Quién define que un inmueble es “peligroso”?
¿Con qué controles?
¿Qué instancia de defensa tiene el propietario?
¿Cuánto tiempo dura la intervención?
Definitivamente es una zona gris que exige controles muy finos para no cruzar la línea.
