La noche del vandalismo antiminero: Mercedes Rus se endurece, va a la Justicia y busca castigar a los violentos
Redacción Oíd Mortales
Mientras las asambleas repiten consignas vacías y pintan paredes, el Gobierno avanza con el paquete minero que puede sacar a Mendoza del estancamiento. Mercedes Rus denunció vandalismo, activó la Justicia y marcó un límite que hacía años la política no se animaba a poner: no todo vale en nombre del “agua”. San Jorge se vota sí o sí.
La escena fue conocida, previsible y desgastante. Una nueva marcha antiminera ocupó el microcentro mendocino con los mismos eslóganes de siempre, las mismas banderas y el mismo libreto que se viene recitando hace más de una década. Pero esta vez hubo algo distinto: cuando la protesta terminó, quedaron pintadas, daños y mensajes violentos regados por toda la Ciudad. Y el Gobierno provincial, en vez de mirar para otro lado, reaccionó. Fuerte. Muy fuerte.
Mercedes Rus, ministra de Seguridad y Justicia, tomó la delantera y dijo lo que la política mendocina se cansó de callar por miedo al costo mediático: la marcha dejó actos de vandalismo y los responsables deberán responder ante la Justicia. Ningún romanticismo ambiental alcanza para justificar que un grupo reducido de activistas destruya el espacio público mientras dice defender “lo que es de todos”.
Rus publicó en X imágenes del microcentro grafiteado y fue tajante: “Algunos grupos antimineros eligieron la violencia”. Traducción: ya no funciona la épica del “pueblo heroico defendiendo el agua”. Cuando terminan rompiendo lo que es de todos, dejan de ser activistas y pasan a ser lo que son: vándalos.
Y no solo eso. El Gobierno anunció que exigirá la reparación inmediata del daño. Un mensaje de orden en una provincia acostumbrada a que unos pocos se crean dueños de la calle y habilitados para imponer miedo, presión y caos cada vez que no les gusta una decisión democrática.
Mientras tanto, la política real se mueve en otro nivel. Este miércoles arranca el plenario de comisiones del Senado donde Cambia Mendoza —con acompañamiento clave de La Unión Mendocina— tiene los votos para avanzar con la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino. El oficialismo quiere votar todo el paquete minero junto: regalías, Fondo Compensador Ambiental y el Distrito Minero Occidental de Malargüe. Y si nada cambia, el martes que viene será ley.
El contraste no puede ser más claro:
– En la calle, pintadas y consignas del siglo pasado.
– En el Senado, un plan minero moderno, regulado, fiscalizable y con impacto económico real.
Porque eso es lo que molesta. San Jorge no es un slogan: es inversión, empleo, infraestructura y movimiento económico. Algo que Mendoza dejó morir por entregarle la agenda a quienes creen que la provincia puede vivir eternamente de la vitivinicultura y las redes sociales.
Los antimineros —los mismos que hace años frenan cualquier desarrollo— vuelven a levantar la bandera del apocalipsis ambiental, pero no explican cómo piensan sostener una provincia sin minería, sin petróleo nuevo, sin industria y sin producción que compita a escala global. La consigna “el agua no se negocia” suena linda en Instagram, pero no paga salarios, no atrae empresas y no frena el éxodo de jóvenes que buscan oportunidades afuera.
El Gobierno lo sabe y por eso avanza sin titubear. La judicialización del vandalismo es apenas el primer gesto de una decisión política más profunda: recuperar la autoridad del Estado y terminar con el chantaje ambientalista que tiene paralizada a Mendoza desde 2007.
Las asambleas prometen más marchas. Está bien, es parte del juego democrático. Lo que ya no será parte del juego es habilitar que la protesta derive en daños, bloqueos y ataques a la propiedad. Ese modelo se acabó. Rus lo dejó claro y Cornejo lo respalda: protestar es un derecho; destruir, no.
Y mientras el ruido de la calle intenta tapar la discusión de fondo, la maquinaria institucional sigue su curso. San Jorge tiene dictamen, tiene votos y tiene impulso político. Lo que no tiene —ni tendrá— es freno por pintadas o amenazas en redes sociales.
Mendoza tiene que elegir:
– ¿Seguir siendo rehén de los que frenan todo?
– ¿O convertirse finalmente en una provincia que produce, exporta, genera trabajo y compite?
La respuesta se votará en el Senado. Y todo indica que esta vez, por fin, la política se anima a mirar hacia adelante. Aunque a algunos les duela.
