La CGT se atrinchera y el Gobierno avanza: el sindicalismo apuesta a frenar en tribunales lo que no puede frenar en las urnas
Redacción Oíd Mortales
La central obrera posterga definiciones hasta febrero y reconoce límites para confrontar. Desde Oíd Mortales, bancamos al Gobierno de Javier Milei: la reforma laboral no ataca derechos, discute privilegios y busca ordenar un sistema que fracasó.
La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió entrar en un virtual receso hasta febrero, cuando el Senado trate la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La estrategia sindical quedó explicitada sin eufemismos: apostar al Congreso, a la Justicia y, solo en última instancia, a la calle. Traducido al lenguaje político real, la CGT reconoce que ya no tiene la capacidad de imponer vetos como en otras épocas.
Desde la conducción cegetista admiten que resistirán el proyecto “por todas las vías”, pero el orden importa. La prioridad es judicializar y negociar, no movilizar. La marcha del 18 de diciembre aparece más como una demostración defensiva que como el inicio de un plan de lucha sostenido. No hay paro general en carpeta y, según reconocen puertas adentro, ni siquiera cuentan hoy con el respaldo pleno de gremios clave como la UTA.
Mirá también👇🏻
Este repliegue no es casual. La CGT sabe algo que evita decir en público: una porción significativa de los trabajadores votó a Milei y, lejos de sentirse representada por la dirigencia sindical, observa con desconfianza a una estructura que durante décadas convivió cómodamente con inflación, informalidad y pérdida sistemática del poder adquisitivo.
Los dirigentes gremiales califican la reforma laboral como “regresiva” y “flexibilizadora”. Pero cuando se rasca un poco el discurso, aparece el verdadero núcleo del conflicto: el sistema de obras sociales sindicales. La resistencia no se explica tanto por la defensa del trabajador informal o del joven que no consigue empleo, sino por el temor a perder una de las principales cajas de poder del sindicalismo tradicional.
La reforma laboral no elimina derechos básicos, no prohíbe sindicatos ni avanza contra la negociación colectiva. Lo que hace es poner en discusión un modelo que fracasó. Un esquema que, bajo la excusa de “proteger al trabajador”, dejó afuera a millones de argentinos, empujándolos a la informalidad o al desempleo crónico.
El propio Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la CGT, sostiene que el proyecto “no genera empleo”. Sin embargo, evita explicar por qué el sistema actual —defendido a capa y espada por la central obrera— tampoco lo genera. Argentina arrastra hace años niveles alarmantes de informalidad laboral y una rigidez normativa que castiga especialmente a las pymes, las economías regionales y a quienes buscan su primer trabajo.
La CGT apuesta ahora a frenar la reforma en tribunales, presentando recursos de inconstitucionalidad. Es una estrategia conocida: cuando no se puede ganar en el terreno político ni en la opinión pública, se intenta judicializar el cambio. Pero incluso allí el escenario es incierto. El Gobierno avanza con leyes discutidas y votadas en el Congreso, con respaldo democrático y con un mandato claro de transformación.
En el plano legislativo, el sindicalismo busca aliados entre gobernadores y senadores, intentando reeditar viejas coaliciones defensivas. Sin embargo, el clima político cambió. Muchos legisladores leen con atención un dato que la CGT no puede ignorar: la sociedad ya no tolera estructuras corporativas que se presentan como defensoras de los trabajadores mientras sostienen privilegios propios.
La reforma laboral, lejos de ser un ataque, es una señal de época. Busca adaptar las reglas a una economía que cambió, reducir la litigiosidad absurda, fomentar el empleo formal y terminar con un sistema que protege al trabajador “en blanco” a costa de excluir a millones. Defender el statu quo no es progresismo; es conservadurismo sindical.
La propia CGT reconoce que convocar a un paro nacional sería hoy una apuesta riesgosa. El respaldo social no está garantizado y el desgaste podría ser mayor que el beneficio. Esa admisión, aunque tácita, es clave para entender el momento político: el poder de veto del sindicalismo ya no es automático.
Mientras la central obrera se atrinchera en los resortes del pasado, el Gobierno avanza con una agenda de cambio respaldada en las urnas. Desde este medio lo sostenemos sin ambigüedades: la Argentina necesita una reforma laboral. No para precarizar, sino para incluir. No para quitar derechos, sino para crear trabajo real. Y no para cuidar cajas, sino para darle futuro a los trabajadores que durante años quedaron afuera del sistema que la CGT dice defender.
