sábado, septiembre 19 2026
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Tras un cierre de año con negociaciones inconclusas, el Gobierno nacional analiza prorrogar las sesiones extraordinarias desde el 2 de febrero para impulsar dos reformas estructurales: la modernización laboral y los cambios en la Ley de Glaciares. Con nuevos acuerdos en construcción, la Casa Rosada apuesta a destrabar el Congreso y retomar la iniciativa política.


Con la mira puesta en febrero, el presidente Javier Milei busca reactivar la agenda legislativa y avanzar con dos proyectos centrales de su programa de gobierno: la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares. En la Casa Rosada evalúan convocar a una prórroga de las sesiones extraordinarias del Congreso a partir del lunes 2 de febrero, una vez concluido el receso parlamentario de enero.

Ambas iniciativas fueron incluidas en el temario enviado al Congreso en diciembre, pero hasta el momento solo tuvieron tratamiento en comisiones. La falta de consensos suficientes obligó al oficialismo a postergar su debate en el recinto, especialmente en el caso de la reforma laboral, que enfrenta una fuerte resistencia de los sindicatos y de algunos sectores de la oposición.

El proyecto de “modernización laboral”, como lo denomina el Ejecutivo, apunta a actualizar un marco normativo que el Gobierno considera obsoleto frente a la dinámica actual del mercado de trabajo. Entre los ejes principales se destacan cambios en el régimen de vacaciones, la incorporación de bancos de horas, modificaciones en el sistema de indemnizaciones y despidos, y ajustes en los procedimientos judiciales laborales. Desde el oficialismo sostienen que la iniciativa busca reducir la litigiosidad, fomentar el empleo formal y facilitar nuevas contrataciones en el sector privado.

El agua bajo amenaza: el plan del Gobierno para modificar la Ley de  Glaciares

Para Milei, la reforma laboral es una pieza clave de su programa económico. En su entorno aseguran que avanzar en esta ley permitiría generar condiciones más favorables para la inversión y contribuir a la reducción de la informalidad, uno de los problemas estructurales del mercado laboral argentino. “Sin reglas modernas, no hay empleo genuino”, repiten cerca del Presidente.

En paralelo, el Gobierno nacional impulsa modificaciones en la Ley de Glaciares, una iniciativa que despierta particular interés en las provincias con potencial minero. El proyecto propone una revisión de los niveles de protección ambiental en determinadas áreas, con el objetivo de compatibilizar el cuidado del ambiente con el desarrollo de actividades productivas estratégicas. En el Ejecutivo insisten en que no se trata de una desregulación sin controles, sino de una adecuación normativa que permita atraer inversiones bajo estándares técnicos y ambientales actualizados.

La estrategia política para febrero tendrá como una de sus figuras centrales a Patricia Bullrich, quien jugará un rol clave en la construcción de consensos parlamentarios. La ministra ya fue una pieza importante en las negociaciones que permitieron la aprobación del Presupuesto 2026 y ahora buscará replicar ese esquema para avanzar con las reformas pendientes.

Bullrich contará con el respaldo de dirigentes de peso dentro del oficialismo, como Martín Menem y Diego Santilli, además del operador político Eduardo Lule Menem, quienes ya vienen manteniendo contactos con bloques dialoguistas y legisladores provinciales. Según fuentes parlamentarias, quedó descartada la posibilidad de sesionar durante enero, respetando el receso habitual del Congreso.

La elección de febrero como punto de relanzamiento legislativo no es casual. En el Gobierno consideran que el escenario político es hoy más favorable que a fines de 2025, luego del reordenamiento que produjo la sanción del Presupuesto y de las señales de acompañamiento que comenzaron a llegar desde algunos gobernadores. La expectativa oficial es que ese nuevo equilibrio facilite acuerdos puntuales para avanzar con proyectos que requieren mayorías complejas.

En el oficialismo reconocen que el debate no será sencillo, pero confían en que el tiempo juega a favor de la agenda reformista. La presión por reactivar la economía, generar empleo y destrabar inversiones comienza a imponerse incluso entre sectores que hasta ahora se mostraban reticentes. En ese contexto, la Casa Rosada apuesta a que febrero marque un punto de inflexión en la relación con el Congreso.

Así, el Gobierno de Milei busca recuperar la iniciativa política y legislativa tras un primer año de gestión marcado por negociaciones intensas y resistencias. La reforma laboral y los cambios en la Ley de Glaciares aparecen como pruebas decisivas de su capacidad para transformar el discurso en leyes concretas. Febrero, para el oficialismo, no será un mes más: será el termómetro que mida hasta dónde está dispuesto a acompañar el Congreso el rumbo elegido por el Presidente.