Félix González en Oíd Mortales: el “no” a San Jorge, la UGA “a tiro de decreto” y el problema que la política no quiere mirar

La entrevista del senador Félix González con Valentina Gatica dejó una idea incómoda para el oficialismo: el debate no es “minería sí o no”, sino si la DIA de San Jorge llega con los estudios y controles que prometen, o si se votó con fe y para adelante.

En Mendoza hay temas que, cuando se prenden, no se apagan con un comunicado ni con dos zócalos en TV. San Jorge es uno. Y Félix González lo sabe. Por eso su paso por Código Gatica, el ciclo de Valentina Gatica en Oid Mortales, fue más que una explicación de voto: fue una advertencia política con nombre y apellido. González votó en contra de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, pero lo que hizo en la entrevista fue algo más fino: se corrió del lugar fácil de la “anti-minería” y se paró en un punto que desarma el relato cómodo de la semana.

“No estábamos discutiendo minería sí o minería no”, insistió. Según su planteo, el oficialismo —y buena parte de los discursos que acompañaron la aprobación— se refugiaron en hablar de “las ventajas de la minería”, cuando lo que estaba sobre la mesa era la calidad del instrumento que habilita el proyecto: la DIA. Es decir: el sello técnico y político que, en la práctica, tiene que despejar dudas antes de arrancar, no después.

Ahí González tocó el nervio. Trajo a la memoria un dato que en la rosca se usa como puñal: hace 15 años este proyecto (o uno prácticamente idéntico) ya había sido debatido y rechazado. Y, lo peor, dijo que los dos cuestionamientos centrales de aquel rechazo siguen sin resolverse hoy. El primero: el balance hídrico, para saber cómo se comporta el arroyo y los cursos de agua que se usarían. El segundo: el estudio serio sobre si hay conexión de cuencas subterráneas, el punto sensible para entender el riesgo de contaminación hacia Uspallata y, en el peor escenario, hacia el Gran Mendoza.

Lo que dijo no fue “yo creo” como capricho: fue “no hay ciencia en el medio que lo certifique”. Incluso admitió que la empresa puede tener razón cuando niega que vaya a usar agua subterránea. El problema —según su lectura— es que no existe un dato concluyente que “te tape la boca” como opositor y, de paso, también le cierre el paso al miedo social. Porque cuando faltan certezas, crece la sospecha. Y cuando crece la sospecha, la calle se llena.

Con esa lógica, González dio vuelta el concepto de “licencia social” que el poder suele usar como látigo. Para él, la licencia social no es solamente (ni principalmente) para la minería: la que está en crisis es la licencia social de la política. En criollo: la gente no cree que los políticos controlen nada, porque ya vio demasiadas veces cómo se promete control y se termina mirando para otro lado.

En esa línea entró al corazón institucional del asunto: el esquema de control propuesto en la DIA, la UGA (Unidad de Gestión Ambiental), que él bautizó con mala leche como “FUGA”. El punto no fue el apodo, sino la mecánica: describió una estructura encabezada por funcionarios de rango medio, “a tiro de decreto”, que convocan a organismos científicos y técnicos por invitación. Los invitados tienen plazos cortos para contestar si participan o no. Y, peor todavía, las recomendaciones no serían vinculantes: el organismo puede aceptarlas o descartarlas “fundadamente”.

Traducido a política real: si el control depende de invitaciones, si la opinión científica no obliga y si la última firma la pone un funcionario removible, la garantía es frágil. González lo comparó con un sistema pensado para exploración, no para explotación. Y remató con una crítica que, en el fondo, es de sentido común: a un científico serio no le entusiasma “quedar pegado” a decisiones que después puede torcer la política sin darle respaldo ni reglas claras.

La entrevista también se metió en un episodio que dejó ruido: el comunicado del CONICET que apareció, se bajó y luego se “corrigió”. González dijo que, si uno lee lo que firmaron los organismos técnicos en el proceso, encuentra observaciones duras y repetidas: falta de información, insistencia en el balance hídrico, dudas sobre cuencas. Mencionó, además, un intercambio llamativo con Irrigación: el organismo habría hecho decenas de observaciones y la empresa respondió muchas veces con fórmulas evasivas del tipo “lo vamos a considerar”. En ese contexto, González contó una frase que enciende cualquier alarma política: ante un pedido de autorización para usar el agua del arroyo, la empresa habría contestado, literalmente, “el arroyo es mío”. Más allá de si fue una “informalidad” o una barbaridad, el episodio expone el problema de época: la gente en la calle escucha esas cosas y no compra el “quédense tranquilos”.

Hacia el final, el senador trazó dos caminos probables: la judicialización de la DIA (por fallas y omisiones) y el desgaste social que el gobierno podría intentar administrar apostando a que la protesta se canse. En ese punto, González dejó otra frase que no cayó bien en la cúpula: dijo que insultar a manifestantes desde lugares de poder (“zurdos”, “ambientalistas mugrientos”, etc.) es una torpeza de manual para quien debería garantizar paz social.

¿Y por qué se apuró? González no dudó: por el reloj político de Cornejo. Su hipótesis fue simple y brutal: el gobernador mira su legado, busca mostrar obras y resultados, y San Jorge aparece como un “sello” de gestión. Pero si el objetivo es inaugurar una era productiva, la receta no es apurar instrumentos flojos: es correr a la política del centro y poner a la ciencia adelante, con reglas robustas, autonomía y decisiones vinculantes.