Milei avanzó sobre el fuero laboral y encendió la guerra contra la industria del juicio
Redacción Oíd Mortales
Con un artículo casi quirúrgico dentro de la reforma laboral, Javier Milei habilitó el traspaso del fuero laboral “nacional” a la Ciudad de Buenos Aires. Una jugada que sacude al poder judicial, incomoda a gremios y laboralistas, y reabre una pelea histórica por la autonomía porteña y el negocio del juicio laboral.
Mientras buena parte del debate público se concentraba en indemnizaciones, fondos de cese y nuevas reglas laborales, el Gobierno avanzó por un carril menos visible pero mucho más profundo. En el articulado de la reforma, Javier Milei incluyó una cláusula que abre el camino para el traspaso del fuero laboral “nacional” a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. No es una imposición directa, pero sí un movimiento político y jurídico que cambia el tablero y pone en jaque a uno de los engranajes más sensibles del sistema judicial argentino.
El fuero laboral nacional es una rareza institucional. Solo existe en la Capital Federal y es un resabio de la etapa previa a la autonomía porteña. En los hechos, tramita conflictos estrictamente locales, pero se sostiene bajo una denominación “nacional” que permitió durante años conservar privilegios, estatus y poder. Milei decidió no romper ese esquema de un día para el otro, pero sí dejar claro que su continuidad no está garantizada.
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El artículo 91 de la reforma establece que la Justicia Nacional del Trabajo seguirá vigente hasta que se instrumente un acuerdo de transferencia de competencias entre Nación y Ciudad. Una vez concretado ese paso, el texto habilita su disolución progresiva. Traducido a lenguaje político: el proceso está abierto y ya no hay vuelta atrás. El statu quo quedó formalmente cuestionado.
La reacción no tardó en llegar. Empresarios, cámaras productivas y sectores del PRO celebraron la iniciativa como un paso clave para terminar con la llamada industria del juicio. Desde hace años denuncian que el fuero laboral porteño funciona con una lógica abiertamente antiempresa, con fallos previsibles, intereses inflados y condenas que en muchos casos hacen inviable la continuidad de pymes y aseguradoras de riesgo del trabajo. El sistema, aseguran, dejó de proteger al trabajador para convertirse en un negocio judicial.
Del otro lado, la resistencia fue inmediata y ruidosa. Jueces nacionales, abogados laboralistas y dirigentes sindicales salieron a denunciar un supuesto “avasallamiento” institucional. Sin embargo, detrás del discurso formal aparece una defensa mucho más terrenal: la pérdida de poder, de influencia y de una caja que durante décadas funcionó sin demasiados controles.
El contexto juega a favor del Gobierno. El fuero laboral nacional está virtualmente vaciado. De los 80 juzgados existentes, alrededor de 30 están vacantes y las proyecciones indican que para 2026 la mitad podría quedar sin titular. Muchos magistrados optaron por jubilarse antes de perder beneficios como el 82% móvil, mientras otros miran con interés los concursos de la justicia porteña, mejor pagos y con mayor proyección.
La Ciudad, en paralelo, avanzó sin estridencias. Desde fines de 2024 ya funciona un fuero laboral local para conflictos individuales y la Legislatura porteña sancionó su propio código procesal. La estructura está armada. Lo que faltaba era el aval político para completar el traspaso. Milei lo puso sobre la mesa.
La jugada también reordena alianzas. El PRO acompaña, un sector del radicalismo porteño ve con buenos ojos la medida y el peronismo capitalino quedó dividido. El kirchnerismo, históricamente ligado a estudios jurídicos influyentes en el fuero laboral, aparece como el principal núcleo de resistencia. No es casual. Durante años, ese entramado tuvo una influencia decisiva sobre el funcionamiento del sistema.
El antecedente del fallo Levinas de la Corte Suprema terminó de despejar dudas. Al establecer que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad es tribunal de alzada de los fueros nacionales con asiento en Capital Federal, el máximo tribunal dejó en claro que la “nacionalidad” de esos juzgados es, como mínimo, discutible. Milei leyó esa señal y decidió avanzar.
El trasfondo es más amplio que una simple reforma laboral. Lo que está en juego es el poder real. Tocar el fuero laboral es tocar uno de los núcleos más duros del entramado judicial y sindical. No se trata solo de flexibilizar normas, sino de desarmar un sistema que convirtió el conflicto laboral en una industria rentable para pocos y asfixiante para quienes producen y dan trabajo.
La pelea recién empieza. Habrá negociaciones, resistencia corporativa y rosca judicial. Pero el mensaje del Gobierno es claro: no hay más fueros intocables. Y esta vez, la reforma no viene por consigna ni por relato, sino por diseño.
