Malargüe en coma político: un intendente fantasma, un agujero de $7.600 millones y un conflicto gremial que nadie quiere hacerse cargo

Con Celso Jaque viajando a Europa sin avisar, un interinato desbordado, ATE en pie de guerra y un agujero fiscal monumental, Malargüe se convirtió en el ejemplo perfecto del abandono político. Ni el PJ local ni la provincia logran ordenar una crisis que amenaza con derrumbar la institucionalidad en el departamento clave para la agenda minera.

Malargüe atraviesa una crisis política que no se explica solo por la torpeza local: expone también el vacío de conducción que nadie —ni en el municipio ni en la provincia— parece dispuesto a asumir. La desaparición en escena del intendente Celso Jaque, quien firmó un decreto de salida del país lleno de errores y sin destino ni fecha de regreso, fue la chispa que encendió un incendio que venía sofocándose desde hace tiempo. El Decreto 1276/2025 es una pieza de improvisación que dejó expuesto un problema mayor: la falta de controles, de responsabilidad institucional y de una oposición capaz de frenar estos desmanejos. Mientras Malargüe estaba paralizado por un paro, Jaque aparecía en Barcelona posando en un congreso de “ciudades inteligentes”, una postal que pareció escrita por un guionista del absurdo político. La concejal Silvina Camiolo lo calificó como inoportuno, pero la frase más clara surgió de un referente peronista desde adentro del municipio: “Acá nadie sabe quién gobierna”.

Paro, caos y una bomba gremial sin desactivador

La salida de Jaque desnudó un conflicto salarial que el Ejecutivo municipal venía pateando para adelante, sin planificación, sin diálogo y sin una hoja de ruta fiscal clara. ATE inició un paro masivo que paralizó casi todas las áreas municipales. La conciliación obligatoria del 5 de noviembre llegó tarde y sin convicción. El intendente interino, Rodrigo Hidalgo, se limitó a admitir la existencia de un agujero de $7.600 millones que no supo explicar cómo se generó ni por qué ningún organismo de control lo detectó antes. La propuesta de bonos miserables fue rechazada en minutos por ATE, que el 20 de noviembre pidió cerrar la conciliación y dejó latente un paro por tiempo indeterminado. El escenario no sorprende: cuando la política municipal se esconde detrás de formalismos, cuando el gobierno provincial mira para otro lado y cuando los gremios ven debilidad, el conflicto se vuelve ingobernable.

Mientras Malargüe se hunde, todos miran hacia otro lado

El contraste con otros municipios no habla de “institucionalidad ejemplar”, sino de algo más simple: desigualdad política. Donde hay presupuesto, hay gestión. Donde hay orden administrativo, hay discurso. En Malargüe no hay ni una cosa ni la otra. Ni el intendente, ni el interinato, ni la provincia mostraron un plan real para evitar que el conflicto creciera. El Gobierno provincial eligió el silencio cómodo, mirando la explosión desde lejos, tal vez para no quedar salpicado. Pero la bomba ya estalló, y la onda expansiva puede arrastrar a más de uno. La crisis de Malargüe no nació sola: nació de años de abandono, de falta de control político y de una conducción provincial que toleró un esquema municipal sin planificación, sin inversión y sin prioridades claras.

El caso testigo del quiebre electoral

Malargüe está a la deriva. El intendente desapareció en el momento más crítico, el interinato naufraga entre paros y números imposibles, el déficit se vuelve inmanejable y el gremio prepara nuevas medidas de fuerza. Nada sugiere una mejora inmediata y todo indica que la inestabilidad continuará.

Lo que ocurra en las próximas semanas no solo definirá el futuro de un municipio colapsado, sino que además pondrá a prueba la capacidad de la provincia para sostener su agenda estratégica en un territorio donde la gobernabilidad se volvió un lujo que hoy, sencillamente, no existe.