Minería en Mendoza: quién empuja el progreso, quién lo frena y quién juega a dos puntas

Minería: el debate que desnuda a la dirigencia y expone quién está dispuesto a pagar el costo del desarrollo.

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La discusión sobre minería en Mendoza vuelve a ocupar el centro de la escena. Y no es casual. Cada vez que la economía provincial muestra sus límites —falta de inversiones, estancamiento productivo, caída del empleo privado— reaparece el mismo interrogante: ¿estamos dispuestos a asumir responsabilidades históricas o seguiremos atrapados en el preservativo mental del “no se puede”?

A lo largo de las últimas dos décadas, la política mendocina maquilló este dilema con slogans ambientalistas, épicas callejeras o discusiones semánticas sobre la Ley 7722. Pero en el fondo, la tensión siempre fue la misma: una provincia con recursos, frente a una sociedad educada para temer a esos recursos.

Hoy, finalmente, los referentes dejan de hablar en clave. Las posiciones están claras.

El oficialismo: una apuesta al desarrollo que incomoda pero avanza

Alfredo Cornejo entiende que la minería no es un capricho ni un gesto ideológico: es una necesidad económica. Su mensaje es simple y por eso molesta: Mendoza debe diversificar su matriz productiva o resignarse a un destino de mediocridad.

Hebe Casado, Es, directamente, la dirigente que más se anima a decir lo que muchos piensan y nadie se atreve a declarar: “La 7722 fue un invento estúpido.” Casado libra la batalla cultural sin filtros y cuestiona de frente al lobby anti-minero que frenó a Mendoza durante años. No negocia con la corrección política: minería sí, con control, pero minería al fin.

Luis Petri amplía la mirada: imagina una Mendoza integrada a la demanda global de minerales críticos, con reglas claras y controles reales. Su lectura es estratégica: quedarse afuera del boom del cobre sería casi irresponsable.

Omar De Marchi, aunque opositor al cornejismo, coincide en el diagnóstico productivo. Plantea apertura, institucionalidad y estándares, algo que lo coloca más cerca del desarrollo que del inmovilismo. Es una postura que incomoda a más de uno, pero que marca coherencia.

Jerónimo Shantal —el Director de Minería— termina siendo quien pone el cuerpo en lo técnico, ordenando expedientes, sosteniendo el Plan Piloto de Malargüe y demostrando que se puede cumplir la 7722 sin usarla como excusa para no avanzar.

En paralelo, la pata libertaria juega con un libreto propio: Facundo Correa Llano, presidente de la La Libertad Avanza Mendoza, no milita la minería provincial como bandera identitaria sino la desregulación nacional, y en esa lógica la minería es simplemente otra actividad que despegará si se deja de ahuyentar inversiones —si Mendoza se sube, bien; si no, habrá otra provincia dispuesta—.

El peronismo y su laberinto: cuidar el agua o cuidar los votos

Del otro lado, el peronismo vuelve a tropezar con su dilema histórico.
Emir Félix, desde la intendencia en ejercicio, reconoce la necesidad de desarrollo en el Sur, pero nunca termina de convertir esa convicción en un respaldo político firme.

Anabel Fernández Sagasti habla de “licencia social”, un concepto valioso pero que, usado como filtro absoluto, se vuelve una barrera imposible. Y eso la lleva una y otra vez a un punto muerto: nadie quiere ser el dirigente que pague el costo del cambio.

Matías Stevanato directamente asume el rol de guardián del statu quo: proteger el agua, defender la agroindustria y evitar cualquier ruido político en Maipú. Un discurso seguro, pero improductivo.

El peronismo, así, oscila entre el prudente y el temeroso, pero rara vez entre el audaz.

El ambientalismo: custodios necesarios, pero no árbitros únicos

Emanuel Fugazzotto y Jorge Difonso representan el vértice más rígido del debate. Defienden la 7722 con fidelidad absoluta y se paran en la trinchera del “no” como garantía moral. Son voces necesarias —toda sociedad requiere límites—, pero sus posiciones no siempre reconocen que el mundo cambió, las tecnologías cambiaron y las demandas cambiaron.

Mendoza no puede vivir con la lógica de 2007 en 2030.

No se trata solo de minería: se trata del modelo de provincia

Ésta es la verdad incómoda: la minería no es el problema. El problema es qué tipo de Mendoza queremos ser.

Una provincia que discute seriamente su matriz productiva, con controles, ciencia, transparencia y decisiones valientes…
O una provincia que prefiere la comodidad del miedo, aunque eso implique resignar empleo, desarrollo e ingresos.

No hay salida mágica.
No hay diversificación sin riesgo.
No hay crecimiento sin decisiones difíciles.

La política mendocina ya mostró sus cartas. Unos empujan por el futuro; otros se aferran al pasado. Y, como siempre, será la sociedad la que decida si Mendoza sigue viviendo de su historia…
o si empieza, por fin, a escribir una nueva.