Milei avanza con la desregulación inmobiliaria: chau matrícula obligatoria

El Gobierno nacional ultima el envío al Congreso de un proyecto de ley que elimina la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje inmobiliario en todo el país. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, también suprime la exigencia de título universitario y habilita la operatoria a través de plataformas digitales sin restricciones geográficas.

La medida se enmarca en el proceso de reforma del Estado iniciado en diciembre de 2023 y apunta a un sector que, según el oficialismo, arrastra costos artificiales producto de barreras corporativas. El texto ingresaría a la Cámara de Diputados en los próximos días, tras meses de trabajo técnico en la cartera que conduce Federico Sturzenegger.

Matricula obligatoria: Qué cambia con la nueva ley

El proyecto redefine la intermediación inmobiliaria: deja de considerarla una profesión liberal sujeta a colegiación y pasa a tratarla como un servicio comercial. En la práctica, esto significa que cualquier persona física o jurídica podrá intermediar en una compraventa sin inscribirse en un colegio profesional ni acreditar formación específica.

A su vez, se elimina la fijación de aranceles mínimos y máximos, dejando los honorarios librados a la negociación entre las partes. La iniciativa también habilita de forma explícita el ejercicio del corretaje mediante aplicaciones y entornos digitales, permitiendo que un operador de cualquier provincia preste servicios en otra sin las restricciones territoriales actuales.

El argumento oficial

Para el Gobierno, el esquema vigente sostenido desde 1973 por la Ley 20.266 y reforzado en 1999 por la Ley 25.028, que exigió título universitario) funciona como una barrera de entrada que limita la competencia y encarece las operaciones. Desde la cartera de Desregulación sostienen que la colegiación obligatoria permitió a los colegios profesionales fijar pisos de honorarios, una práctica que calificaron de anomalía regulatoria sin sustento en la mayoría de los países comparables.

El planteo se inscribe en la misma lógica que guió otras reformas del Ejecutivo: reducir la intervención estatal en la fijación de precios y ampliar el universo de actores habilitados para prestar un servicio. La apuesta es que la mayor competencia derive en menores costos de intermediación para quienes compran o venden una propiedad.

Las voces a favor

Dentro del sector, no todas las posiciones son de rechazo. Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios, planteó que las herramientas tecnológicas actuales ofrecen mecanismos de evaluación y trazabilidad que pueden funcionar como un sistema de autorregulación más eficiente que el modelo de colegiación vigente.

En la misma línea, Sebastián Sosa, presidente y cofundador de Remax Argentina y Uruguay, consideró que toda medida orientada a modernizar y simplificar las operaciones merece ser evaluada, con el objetivo de lograr un mercado más dinámico sin resignar confianza ni calidad de servicio.

Un frente judicial en ciernes

Más allá de la discusión sectorial, especialistas en derecho público advierten sobre un problema constitucional de fondo: los sistemas de matriculación inmobiliaria fueron creados por leyes provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, no por normativa nacional. Por esa razón, los colegios profesionales ya anticipan que recurrirán a amparos y planteos de inconstitucionalidad si el Congreso avanza con la ley en su formato actual, lo que podría derivar en una disputa que termine resolviéndose en la Corte Suprema.