Rara opacidad correntina: expulsan de la Legislatura a un ciudadano por exigir justicia por Loan
Lucrecia Quiroga
En un acto de autoritarismo institucional que expone la degradación de los resortes del poder en la provincia de Corrientes, la seguridad de la Legislatura provincial ha procedido este jueves a la expulsión violenta de un ciudadano cuya única falta fue interpelar a los representantes del pueblo sobre el paradero del pequeño Loan Danilo Peña.
El episodio, que escaló rápidamente a la categoría de escándalo nacional, se produjo durante el desarrollo de una sesión ordinaria, donde la mención del niño desaparecido —cuya búsqueda desnuda las terminales de encubrimiento y complicidad en las estructuras policiales y políticas locales— fue tratada como una afrenta al orden parlamentario en lugar de una demanda legítima de verdad y justicia.
La reacción de la casa de las leyes correntina, caracterizada por una celeridad represiva que contrasta con la parálisis de la investigación judicial, es el síntoma inequívoco de un sistema que optó por el silenciamiento sistemático frente al reclamo de una sociedad civil que no admite la impunidad.
La expulsión del recinto no es solo un atropello a la libertad de expresión, sino una maniobra de distracción destinada a proteger a una “casta provincial” que se siente asediada por el avance de las auditorías de seguridad y transparencia que impulsa el Gobierno nacional.
Mientras la Argentina de 2026 se encamina hacia estándares de integridad técnica y rendición de cuentas, Corrientes parece refugiarse en un modelo de gestión feudal donde la pregunta por la desaparición de un menor es motivo de censura y exclusión.
Este desplome de la ética institucional en la Legislatura coincide con la reciente adhesión de la Nación a la coalición de seguridad hemisférica contra el narcoterrorismo, un marco de cooperación internacional que pone bajo la lupa, precisamente, a las zonas de porosidad criminal y trata de personas.
La negativa de los legisladores correntinos a dar respuestas sobre el caso Loan no hace más que profundizar la desconfianza ciudadana y fortalecer la necesidad de una intervención federal de los organismos de inteligencia para desarticular los nexos entre el poder político y las redes delictivas.
