El concejal “anfibio” Martín Antolín vuelve a las andadas, ahora con el agua al cuello

Hay dirigentes que no aprenden ni a palos, y después está Martín Antolín.

El concejal sanrafaelino, que ya tiene en su CV el triste récord de haber sido pescado manejando borracho por las calles de Mendoza, decidió que el 2026 era un buen año para llevar su imprudencia al agua. Esta vez, el “capitán” de la falta de conducta cometió una infracción grave a bordo de una lancha, demostrando que la ley es algo que él prefiere mirar siempre desde la vereda de enfrente.

Parece que a Martín Antolín el concepto de “dar el ejemplo” le resulta alérgico. El edil de San Rafael, que ya fue noticia nacional por conducir con alcohol en sangre mientras en la provincia rige la tolerancia cero, sumó un nuevo capítulo a su prontuario de irresponsabilidades. Esta vez el escenario no fue el asfalto, sino el embalse Los Reyunos, donde la Subsecretaría de Ambiente le puso el freno de mano. Los inspectores no miraron la chapa del funcionario y labraron un acta por violar la Ley 3859, notificándolo en el acto por una falta que en el agua no se perdona.

Lo que irrita no es solo la falta, sino la reincidencia sistemática de quien cobra un sueldo del Estado para, supuestamente, legislar sobre la vida de los demás.

Antolín fue pescado sin el chaleco salvavidas, una negligencia que para la normativa náutica vigente se considera una falta grave. Ahora, el concejal tiene un plazo de cinco días hábiles para ensayar algún descargo que explique por qué se cree por encima de las medidas de seguridad básicas. Si no logra convencer a nadie, la bromita le va a salir cara: la multa por este tipo de “olvidos” ronda los $600.000, una cifra que para cualquier vecino es un golpe letal al bolsillo, pero que para un funcionario parece ser solo el costo de su propia soberbia.

Mendoza hace un esfuerzo enorme por mantener el orden en sus espejos de agua, pero Antolín se mueve con la impunidad del que se siente intocable.

Mientras los prestadores turísticos y los navegantes de San Rafael cumplen con cada requisito para evitar tragedias, tienen sentado en una banca a un representante que confunde el servicio público con una licencia para hacer lo que quiera. No estamos ante un descuido aislado, sino ante un patrón de conducta que desprecia la autoridad: si no puede respetar un semáforo o ponerse un chaleco, mucho menos se puede esperar que respete el mandato que le dio la gente en las urnas.

A los caraduras que se creen dueños porque tienen un cargo, hay que marcarlos de cerca. Martín Antolín ya demostró que no tiene la madurez necesaria para el cargo que ocupa. La política de San Rafael debería preguntarse si este es el modelo de representante que quieren sostener mientras el vecino de a pie paga las consecuencias de una clase dirigente que se siente por encima de la ley.

Festejamos que los controles de Ambiente funcionen y que la ley se aplique sin privilegios, pero la sanción administrativa se queda corta. Un político que no respeta las normas básicas de seguridad no debería estar escribiendo las reglas de convivencia de los demás.

Que Martín Antolín pague su multa y se baje de la lancha (y de la banca), porque en Mendoza la paciencia se terminó. Basta de impunidad para los infractores de siempre.