La Justicia mete la lupa en la AFA: allanamientos, contrato millonario bajo sospecha y Faroni sin salida del país

En un operativo simultáneo en la sede de Viamonte y el predio de Ezeiza, el juez Luis Armella ordenó el secuestro de documentación clave sobre los cobros internacionales de la Selección. La investigación puso bajo la lupa un contrato que habría otorgado comisiones de hasta el 30% al empresario Javier Faroni, dispuso la prohibición de salida del país y levantó el secreto fiscal de la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino. El esquema, ahora bajo análisis de la UIF y la PROCELAC, ingresa en su etapa más delicada.

La justicia federal decidió avanzar donde durante años pareció haber un terreno vedado. Con allanamientos simultáneos en la sede de la AFA, sobre la calle Viamonte, y en el complejo de la Selección en Ezeiza, efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria irrumpieron para secuestrar documentación contable y contractual vinculada a la recaudación internacional del seleccionado campeón del mundo.

El foco de la pesquisa es una firma con base en Miami, señalada como vehículo de cobros comerciales en el exterior. Según fuentes judiciales, esa arquitectura financiera habría canalizado fondos hacia inversiones europeas de Faroni y, presuntamente, a sociedades o personas del entorno del tesorero Pablo Toviggino. El procedimiento arrojó un hallazgo central: el contrato original suscripto por Claudio Tapia y Toviggino que concedía exclusividad absoluta a la empresa del empresario para percibir ingresos comerciales fuera del país.

Los términos del acuerdo —siempre según la investigación— resultan llamativos. Se consignan comisiones del 30% por cada dólar recaudado, con adicionales logísticos que elevarían el porcentaje total. La cifra global bajo análisis superaría los 40 millones de dólares. Para los investigadores, ese flujo habría sido determinante para la adquisición del A.C. Perugia y para transferencias que hoy son materia de verificación patrimonial.

Mientras se desarrollaban los allanamientos, la causa sumó un episodio clave en Aeroparque. Faroni fue notificado de una prohibición de salida del país cuando se disponía a abordar un vuelo privado hacia Uruguay. La medida, ordenada por el juez Armella, apunta a asegurar su sujeción al proceso. En paralelo, el magistrado dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los principales investigados, incluyendo a la conducción de la AFA, para reconstruir el recorrido del dinero y su destino final.

El expediente cuenta con la intervención de la Unidad de Información Financiera y la PROCELAC, organismos que ahora analizan órdenes de pago, movimientos internacionales y vínculos societarios. La hipótesis bajo estudio es la de un esquema de intermediación que habría beneficiado a privados con recursos generados por la Selección, en detrimento de una distribución transparente hacia los clubes.

Desde una lectura política y deportiva, el impacto es mayúsculo. El fútbol argentino, aún en la estela del éxito mundialista, enfrenta un test de credibilidad. La investigación no juzga resultados deportivos, sino la administración de un activo económico de enorme magnitud. Para los fiscales, la clave será probar si existieron desvíos, retornos indebidos o simulaciones contractuales, y en qué medida participaron dirigentes o intermediarios.

El capítulo europeo agrega tensión. El Perugia atraviesa dificultades deportivas y financieras, lo que intensifica las preguntas sobre el origen de los fondos que sostuvieron su compra y operación. La justicia busca determinar si hubo conexiones directas entre la caja del seleccionado y cuentas en el exterior, y si se utilizaron sociedades pantalla o jurisdicciones de baja transparencia.

En Viamonte, el mensaje es inequívoco: terminó el blindaje. El levantamiento del secreto fiscal abre un mapa de relaciones y transacciones que, de confirmarse irregularidades, podría escalar responsabilidades. Para la AFA, el desafío inmediato es institucional: colaborar con la investigación, preservar la gobernanza y despejar dudas sobre un modelo de recaudación que hoy aparece bajo sospecha.

El proceso recién comienza. Habrá peritajes, cruces de información y eventuales citaciones. La pregunta que guía la causa ya no es abstracta, sino concreta: cómo se administraron los recursos generados por la Selección y quiénes se beneficiaron. Esta vez, el VAR no lo manejan los árbitros. Lo operan los tribunales federales.