El rastro de las agendas ocultas: Mientras Milei envía su ley de lobby al Congreso, Mendoza mantiene congelada la regulación en la Legislatura

El panorama de la transparencia institucional y el control sobre la “gestión de intereses” ha quedado colocado en el centro de la agenda política tras el último movimiento estratégico de la Casa Rosada. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó el envío al Congreso de la Nación de un paquete de leyes estructurales que incluye de forma taxativa una Ley de Lobby, destinada a regular y transparentar las reuniones de los funcionarios públicos con representantes de corporaciones privadas. La iniciativa nacional expone, por carácter de tránsito, la cronicidad de las demoras que arrastra la Legislatura de Mendoza, donde múltiples proyectos de idéntico tenor permanecen cajoneados en las comisiones de la Casa de las Leyes pese al recurrente discurso de vanguardia institucional que esgrime el oficialismo provincial.

El esquema del lobby entendido técnicamente como la actividad lícita mediante la cual representantes de sectores económicos, profesionales o sociales intentan influir en las decisiones estatales o en el rastro del dictado de las leyes carece de un marco regulatorio unificado en el país, lo que suele confinarlo a los márgenes de las agendas secretas. La viabilidad del proyecto impulsado por el presidente Javier Milei apunta a replicar los estándares globales de transparencia al obligar a los funcionarios de los tres poderes del Estado a registrar de forma pública y digital cada una de sus audiencias, detallando la identidad de los gestores de intereses y los temas abordados. Para el entorno presidencial, la desregulación económica que promueve el modelo libertario debe marchar en paralelo con un blanqueamiento absoluto de las presiones corporativas, evitando el tráfico de influencias en el diseño de las políticas públicas de la Nación.

La puesta en práctica de este debate nacional impacta de lleno en el barro de la política mendocina, donde la declamada “calidad institucional” tropieza con un persistente letargo legislativo en la materia. En los despachos de la Peatonal Sarmiento descansan desde hace años distintas iniciativas orientadas a regular el lobby (desde las históricas propuestas opositoras del Partido Verde hasta los borradores de resolución de Cambia Mendoza que buscaban implementar una “prueba piloto” en la Cámara de Diputados). Pese a que los jefes de bloque suelen coincidir de la boca para afuera en que transparentar la gestión de intereses elevaría los estándares éticos de la provincia, la discusión ha sido sistemáticamente postergada para dar prioridad a reformas judiciales u operativas consideradas más urgentes por el Ejecutivo.

La bifurcación de caminos entre el impulso reformista de Balcarce 50 y el inmovilismo de algunos legisladores locales reactiva las suspicacias sobre el verdadero alcance de la transparencia en los niveles subnacionales. La idea de que los representantes del pueblo deban rendir cuentas diarias sobre con quiénes se reúnen para moldear la legislación tributaria o el código minero genera incomodidad en sectores habituados a la diplomacia de pasillo y al acuerdo reservado. En una Mendoza que asiste a la reactivación de grandes debates económicos y donde cada punto de presión empresaria cuenta, el avance de la legislación nacional dictaminará si la provincia acompaña la modernización de los estándares anticorrupción o si prefiere mantener sus agendas bajo el amparo de la discrecionalidad tradicional.