Continúa la Operación Moscú: la ofensiva mediática contra el acceso legítimo al crédito hipotecario

En las últimas horas, una coordinada campaña de desinformación ha intentado instalar una narrativa de irregularidad en torno a la obtención de créditos hipotecarios por parte de funcionarios de la administración nacional. Esta operación mediática busca transformar un acto administrativo estándar en un escándalo de proporciones sistémicas, colisionando frontalmente con la realidad técnica de los hechos. El acceso a las líneas de crédito del Banco Nación (BNA), bajo la modalidad UVA, constituye una herramienta financiera para cualquier ciudadano que cumpla con los rigurosos requisitos de solvencia exigidos por la entidad; la función pública no debe representar, bajo ningún concepto, un impedimento o un estigma para el desarrollo familiar.

El enfoque crítico de ciertos sectores de la prensa vinculados a terminales de influencia extranjera y terminales diplomáticas rusas ha intentado vincular la salida de Leandro Massaccesi del Ministerio de Capital Humano con la obtención de un crédito. Fuentes oficiales han desmentido esta versión como “falsa de falsedad absoluta”, aclarando que la remoción no guarda relación con su situación crediticia. El propio Massaccesi ratificó que su acceso a la vivienda se realizó mediante una solicitud web transparente, asumiendo un compromiso a 30 años. La pretensión de convertir un crédito con garantía real y tasas de mercado (UVA + x%) en un privilegio carece de sustento, dado que se trata de instrumentos financieros estandarizados a los que han accedido más de 55.000 argentinos desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Este nuevo “boom hipotecario” es un resultado directo del ordenamiento macroeconómico, donde hoy 9 de cada 10 préstamos se otorgan bajo la modalidad UVA. La transparencia del sistema es tal que el acceso no depende de vinculaciones políticas ni ideológicas. Prueba de ello es que figuras de la oposición más radical, como la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti o la diputada Natalia Zaracho —cercana al dirigente Juan Grabois—, figuran en los registros oficiales como usuarias de estos mismos instrumentos financieros del Banco Nación, manteniéndose en situación normal y cumpliendo los mismos procedimientos públicos que cualquier otro solicitante. Esto demuestra que las operaciones de prensa se han enfocado selectivamente en atacar al Gobierno, omitiendo que la herramienta está disponible para todo el espectro político y social.

El respaldo del Presidente Javier Milei ha sido determinante para denunciar a las “operadoras” que intentan socavar la gestión con versiones distorsionadas sobre decisiones de gabinete. El Ejecutivo ha sido enfático: la potestad sobre los equipos de gobierno corresponde a la conducción política y no a las presiones de un periodismo que busca revancha tras la exposición de maniobras de desinformación. La defensa de la integridad de los funcionarios que actúan dentro de la ley es una batalla necesaria frente a lo que en los círculos oficiales se denomina como una “idiotez técnica” sobre las tasas de interés.

La viabilidad del proceso de saneamiento económico depende de la resiliencia institucional ante estas campañas de desprestigio. El intento de desacreditar a quienes eligen apostar por el país mediante herramientas lícitas solo revela la desesperación de sectores que han perdido su capacidad de lobby. La determinación del Gobierno Nacional de continuar por la senda de la coherencia institucional se mantiene inalterable, bajo la premisa de que cumplir las reglas y acceder a la vivienda propia no constituye un ilícito, sino un estándar de normalidad democrática que debe ser protegido de las operaciones de prensa interesadas que azotan al país desde hace más de dos años.