Desregulación del vino récord: el INV eliminó 973 normas en Mendoza

 La desregulación del vino impulsada por Javier Milei y Federico Sturzenegger eliminó 973 normas del INV y terminó con 5.000 inspecciones a bodegas.

La desregulación del vino impulsada por el presidente Javier Milei y ejecutada por el ministro Federico Sturzenegger marca un antes y un después para la principal industria matriz de Mendoza. Mientras el Congreso avanza con las reformas macroeconómicas, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado profundiza una cirugía diaria sobre las trabas burocráticas que asfixiaban al sector privado en el panorama político nacional.

Según los últimos registros oficiales expuestos ante el Gabinete y la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional ya eliminó entre 17.000 y 18.000 artículos y regulaciones. Además, modificó otras 2.800 normas e implementó 800 normativas pro-mercado, logrando en el bienio 2024-2025 el mayor salto de productividad de la economía argentina desde la década de 1980.

Para los productores, bodegueros y emprendedores cuyanos, este proceso dejó de ser una discusión teórica para convertirse en un alivio concreto sobre los costos operativos. La reforma integral del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), instrumentada a través de la Resolución 37/2025, desmantela un esquema de vigilancia estatal invasivo.

Ese viejo sistema trataba a cada bodega como un sospechoso permanente y fiscalizaba cada movimiento dentro de las fincas y plantas de fraccionamiento. Hoy el sector privado recupera el control de su propia producción sin intermediarios burocráticos.

Cómo funciona la desregulación del vino y el fin del Estado policía en las bodegas

Durante generaciones, la industria vitivinícola soportó una maraña de controles superpuestos que encarecían la producción sin aportar valor real al consumidor. Con la puesta en marcha de la desregulación del vino, el organismo técnico abandona el rol de policía burocrático sobre las etapas intermedias del proceso productivo.

A partir de ahora, el ente pasa a concentrarse exclusivamente en lo único que justifica su intervención técnica. Su tarea será garantizar que el producto embotellado que llega a la góndola sea apto para el consumo humano y no esté adulterado.

Los datos oficiales del nuevo marco normativo reflejan la magnitud de la libertad devuelta a las bodegas mendocinas:

• Poda histórica de regulaciones: se derogaron de un plumazo 973 normas, lo que equivale a eliminar cerca del 80% de todo el cuerpo regulatorio vigente en el INV.

• Cero acoso presencial en planta: desaparecen las cerca de 5.000 inspecciones presenciales anuales que sufrían las bodegas, liberando tiempo y recursos técnicos de las pymes vitivinícolas.

• Eliminación de trámites obsoletos: se suprimieron los permisos obligatorios de tránsito, las declaraciones juradas semanales y la fijación anual discrecional del grado alcohólico mínimo según la cosecha.

• Desburocratización del comercio exterior: el control estatal en las exportaciones se limita únicamente a los casos en que el país comprador exija un certificado específico, manteniendo en el mercado interno solo el Certificado Analítico de Libre Circulación para el vino terminado.

Certificaciones privadas y libertad productiva para impulsar la economía regional

Otro pilar fundamental de la desregulación del vino es el fin del monopolio estatal sobre los sellos de calidad y trazabilidad comercial. Bajo el nuevo régimen, las certificaciones de origen (como el Certificado de Ingreso de Uva – CIU), de añada y de varietal dejan de ser una imposición obligatoria.

A partir de esta reforma, todas esas acreditaciones pasan a ser completamente optativas para los establecimientos vitivinícolas. De esta manera, cada bodega tiene la libertad de elegir si desea certificar el origen o el varietal de sus etiquetas según su estrategia comercial.

Los productores podrán recurrir a certificadoras privadas competitivas o al propio organismo únicamente cuando lo requieran sus mercados compradores. Este cambio reduce drásticamente las barreras de entrada para los pequeños productores de autor, proyectos familiares y bodegas boutique de Mendoza.

Anteriormente, los pequeños emprendimientos debían afrontar los mismos costos administrativos y formularios que las grandes compañías exportadoras para poner una botella en el mercado. Con la simplificación normativa, el capital queda disponible para invertir en calidad e innovación.

Confiar en quienes invierten: el respaldo del sector privado en Mendoza

Frente a las resistencias de sectores corporativos acostumbrados al intervencionismo o a estructuras burocráticas como la COVIAR, el ministro Federico Sturzenegger defendió en suelo mendocino la filosofía liberal detrás de la reforma. Tras reunirse con las principales cámaras vitivinícolas, el funcionario destacó que el 98% de la industria acompaña el cambio de rumbo.

“El INV controlaba todo. Tenemos que confiar en los productores de Mendoza y San Juan, y dejarlos libres”, sintetizó el ministro nacional. Esta visión pro-mercado se replica en otros ámbitos de la economía argentina, desde la liberación de alquileres y precios energéticos hasta la concesión al sector privado de los históricos hoteles estatales de Chapadmalal.

Todas estas decisiones parten de una premisa innegociable del programa de Javier Milei: el Estado no debe ni puede hacer lo que los privados hacen con mayor eficiencia. Con menos inspectores en las bodegas y reglas claras, la vitivinicultura mendocina recupera competitividad para ganar mercados en el mundo sin el lastre de la burocracia estatal.