Recorte de empleo público histórico: el Gobierno eliminó 81.000 cargos

El recorte de empleo público impulsado por el presidente Javier Milei atravesó esta semana una reválida decisiva en el Congreso de la Nación, confirmando la premisa liberal de devolverle al sector privado los recursos que la política le extrajo durante décadas. En la recta final hacia el dictamen del Presupuesto 2027, los funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado expusieron ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado libertario Bertie Benegas Lynch, la radiografía exacta de la motosierra sobre la burocracia en el panorama político nacional: desde diciembre de 2023 ya se eliminaron 81.000 puestos de trabajo en el sector público nacional, consolidando un ahorro fiscal permanente para todos los contribuyentes argentinos.

La defensa técnica del programa oficial estuvo encabezada por el secretario de Desregulación, el dirigente cuyano Alejandro Cacace, junto al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña. Lejos de detener la poda sobre las estructuras improductivas, los funcionarios ratificaron en la Cámara de Diputados que el rediseño administrativo continuará profundizándose durante el último bimestre del año y a lo largo de todo el ejercicio 2027, bajo la directriz presidencial de sostener el equilibrio fiscal innegociable.

Nueva etapa del recorte de empleo público: retiros voluntarios rumbo a las 100.000 bajas

Para acelerar el saneamiento de la planta estatal, el Gobierno confirmó que entre el 1 y el 30 de noviembre se abrirá una nueva convocatoria de retiros voluntarios en la administración nacional. El objetivo oficial de esta nueva ventana es alcanzar la meta histórica de los 100.000 puestos eliminados. Hasta el momento, ya adhirieron a esta herramienta unos 5.254 agentes públicos luego de que el Ejecutivo reactivara el régimen de disponibilidad previsto en la Ley de Empleo Público, un mecanismo legal que los gobiernos anteriores habían mantenido inactivo durante veinte años para proteger las capas geológicas de militancia rentada.

Un aspecto central de esta etapa del recorte de empleo público es el blindaje contra la histórica “puerta giratoria” del estatismo argentino. En reiteradas ocasiones durante las últimas décadas, el Estado indemnizaba o retiraba personal que pocos meses después volvía a ser contratado en otra repartición, duplicando el gasto para los pagadores de impuestos. Para cortar de raíz ese privilegio, el ministro Federico Sturzenegger estableció una regla estricta: quienes adhieran al retiro voluntario tendrán prohibido volver a ingresar a la administración pública nacional o, en caso de hacerlo, deberán devolver previamente la totalidad del dinero percibido.

Menos ministerios, fin de privilegios jerárquicos y austeridad puertas adentro

La transformación estatal liderada por la cartera de Sturzenegger no se limita a reducir la cantidad de contratos, sino que redefine de forma estructural las funciones del poder público, eliminando organismos superpuestos y cajas políticas que solo servían para entorpecer la iniciativa privada en la economía argentina. Los números presentados ante la comisión parlamentaria reflejan la magnitud del achicamiento del Estado:

• Reducción de Ministerios: la estructura ministerial se redujo a menos de la mitad desde el inicio de la gestión libertaria, pasando de 18 a solo 8 carteras nacionales.

• Organismos descentralizados: se bajó la cantidad de dependencias descentralizadas de 117 a 91, cerrando institutos y entes que duplicaban tareas administrativas.

• Poda de cargos políticos y jerárquicos: las autoridades superiores se recortaron un 37,5%, bajando de 307 a 192 puestos de conducción, lo que genera un ahorro directo de $15.000 millones anuales para el Tesoro Nacional.

• Unificación salarial en 2027: el Ejecutivo detectó que el Estado nacional liquidaba los haberes de sus empleados a través de más de 150 sistemas informáticos distintos, una fragmentación que impedía auditar con transparencia la nómina. A partir de 2027, todos los sueldos se liquidarán mediante un sistema único centralizado.

Durante el debate en comisión, frente a los cuestionamientos de diputadas opositoras del kirchnerismo como Sabrina Selva y Victoria Tolosa Paz —quienes intentaron defender el tamaño histórico de la plantilla estatal—, Alejandro Cacace demostró con datos concretos que la austeridad empieza por casa. La Secretaría de Desregulación opera con un presupuesto anual de apenas USD 870.000, posicionándose como la dependencia más pequeña y austera de todo el Poder Ejecutivo Nacional.

El impacto macroeconómico del ajuste estatal sobre la inflación y la pobreza

Desde una perspectiva liberal, cada peso que el Estado deja de gastar en burocracia improductiva es un peso que deja de extraerse del bolsillo de los trabajadores y las pymes mediante impuestos o impuesto inflacionario. Tal como expuso el ministro Federico Sturzenegger ante la Red Liberal de América Latina (RELIAL), la decisión política de ejecutar este recorte de empleo público y bajar el gasto estatal en cinco puntos del Producto Bruto Interno (PBI) fue la llave maestra para erradicar el déficit fiscal y cortar de cuajo la emisión monetaria del Banco Central.

Los resultados macroeconómicos de esta disciplina fiscal ya son tangibles en la economía real: la inflación anual se desplomó desde niveles superiores al 200% hasta ubicarse en el rango del 30%, mientras que la tasa de pobreza cayó del 50% al 30% gracias a la recuperación del poder adquisitivo y la estabilidad de precios. Con el Presupuesto 2027 encaminado en el Congreso, el Gobierno nacional ratifica que la motosierra sobre los privilegios de la casta burocrática seguirá encendida para consolidar un Estado pequeño, eficiente y al servicio de la libertad económica.