Corredor Andes-Atlántico: así cambia el modelo de obra pública en la Argentina

Estados Unidos y la Argentina lanzaron hoy el Corredor Andes-Atlántico, un esquema de financiamiento de hasta USD 7.000 millones para modernizar rutas, puertos, energía y minería. Detrás del anuncio hay algo más que plata: un cambio de modelo respecto de cómo el país históricamente construyó su infraestructura.

Los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump lanzaron hoy, en Nueva York, el Corredor Andes-Atlántico, un marco de cooperación que contempla financiamiento estadounidense de hasta USD 7.000 millones hacia 2027 para modernizar la infraestructura que conecta al noroeste minero y a Vaca Muerta con los puertos del Atlántico. El grueso de esos fondos —USD 6.000 millones— se canaliza a través de una línea del EXIM Bank para Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas licuado; el resto se reparte entre transporte, minerales críticos e infraestructura digital, con la Corporación Financiera de Desarrollo (DFC) y la Agencia de Comercio y Desarrollo (USTDA) como otras herramientas del lado estadounidense.

El modelo que queda atrás

Durante buena parte de las últimas dos décadas, la obra pública argentina funcionó como sinónimo de discrecionalidad. La causa Vialidad, que en 2022 terminó con la condena de Cristina Kirchner por administración fraudulenta, expuso cómo 51 obras viales en Santa Cruz se adjudicaron de forma sistemática a empresas del contratista Lázaro Báez. Un año antes, la causa de los Cuadernos había mostrado, con anotaciones de un chofer del Ministerio de Planificación, cómo un grupo de empresarios pagaba coimas para acceder a contratos de infraestructura durante los gobiernos kirchneristas. En ambos casos, el Estado elegía con quién construir y las reglas eran, en el mejor de los casos, opacas.

Corredor Andes-Atlantico: El modelo que empieza a instalarse

El Corredor Andes-Atlántico plantea una lógica distinta: en vez de que el Estado licite y pague con fondos públicos, el financiamiento llega a través de bancos de desarrollo extranjeros y capital privado, sujeto a las propias reglas de compliance y debida diligencia de esas instituciones. Del lado argentino, el compromiso asumido es fortalecer el marco legal para la inversión, con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como andamiaje central, y ofrecer reglas transparentes y previsibles para las concesiones. Las empresas estadounidenses, además, competirán por licitaciones o como subcontratistas, en vez de recibir la obra por asignación directa.

Por qué importa

El cambio no es solo de origen del financiamiento, sino de quién controla el proceso. Cuando el dinero viene de organismos como el EXIM o la DFC, esos fondos llevan atados estándares de transparencia y anticorrupción que son condición del propio financiamiento, no una promesa política. Para un país que todavía tiene fresca la evidencia judicial de lo que costó el modelo anterior, avanzar hacia una infraestructura financiada y ejecutada mayormente por privados —bajo reglas fijadas de antemano y con un socio externo mirando de cerca— es, en sí mismo, una forma distinta de garantizar que la próxima ruta, el próximo puerto o el próximo gasoducto se construyan por su mérito económico y no por quién conoce a quién.