Cuatro años sin déficit: el cambio estructural que propone consolidar el Gobierno
Juan Cruz Giménez
El Presupuesto 2027 proyecta un cuarto ejercicio consecutivo con superávit financiero. Más que un resultado contable, el equilibrio de las cuentas públicas puede convertirse en la base para recuperar el crédito, atraer inversiones y sostener el crecimiento argentino sin inflación ni crisis recurrentes.
Durante décadas, la Argentina buscó el crecimiento por el camino más corto. El Estado gastaba más de lo que recaudaba, estimulaba artificialmente la demanda y postergaba el costo mediante emisión monetaria o endeudamiento. Por un tiempo, la actividad respondía. Después llegaban la inflación, la devaluación, el ajuste y una nueva caída.
El problema no fue solamente el déficit. Fue la convicción de que podía utilizarse de manera permanente como instrumento de desarrollo.
El Presupuesto 2027 intenta consolidar un cambio mucho más profundo que un recorte circunstancial del gasto. El Sector Público Nacional proyecta un superávit primario del 1,3% del PBI, equivalente a $18,44 billones, y un resultado financiero positivo del 0,2%, unos $3,30 billones después de pagar intereses. Si la meta se cumple, el Gobierno completará cuatro años consecutivos de superávit financiero sin que el país se encuentre en default.
Mirá también👇🏻
La continuidad es el dato central. Alcanzar el equilibrio durante un año puede ser producto de una emergencia, una licuación inflacionaria o un aumento extraordinario de la recaudación. Sostenerlo durante cuatro ejercicios comienza a modificar la estructura de la economía y, sobre todo, las expectativas de quienes deben invertir en ella.
El déficit cero deja entonces de ser una medida de estabilización. Empieza a convertirse en una institución.
El déficit nunca fue gratuito
Todo desequilibrio fiscal necesita ser financiado. Si el Estado gasta más de lo que recauda, la diferencia solo puede cubrirse con impuestos futuros, deuda o emisión monetaria. La Argentina abusó de las tres alternativas.
Cuando recurrió a la emisión, trasladó el costo a la población mediante inflación. Cuando se endeudó sin capacidad de repago, elevó el riesgo soberano y terminó cerrándose el acceso al crédito. Cuando aumentó impuestos para sostener una estructura cada vez más grande, redujo la rentabilidad de la inversión y empujó empresas y trabajadores hacia la informalidad.
No existe el gasto público sin costo. Solo existen distintas maneras de cobrarlo.
La emisión monetaria fue particularmente destructiva porque permitió ocultar durante un tiempo la verdadera dimensión del desequilibrio. El impuesto inflacionario no se debatía en el Congreso ni aparecía discriminado en una factura. Se cobraba silenciosamente sobre el salario, los ahorros y el capital de trabajo de las empresas.
La pérdida de la moneda fue una consecuencia fiscal antes que monetaria. El Banco Central terminó subordinado a las necesidades del Tesoro. Cada vez que el Estado agotaba el crédito y la presión tributaria encontraba un límite, recurría a la impresión de pesos. La inflación no era un accidente: era la forma de financiar un gasto que la economía real no podía sostener.
El equilibrio fiscal corta esa dependencia. Si el Tesoro deja de necesitar emisión para cubrir sus gastos, la política monetaria recupera margen para estabilizar la moneda. La baja de la inflación deja de apoyarse únicamente en controles de precios, congelamientos o restricciones cambiarias. Comienza a tener una base concreta.
El peso puede volver a cumplir su función solo si el Estado deja de destruirlo.
La base del crecimiento argentino
La disciplina fiscal no garantiza por sí sola el desarrollo. Ningún país crece simplemente porque su presupuesto está equilibrado. Pero una economía que convive de manera permanente con déficit, inflación y crisis de deuda difícilmente pueda sostener inversiones de largo plazo.
El equilibrio no es el desarrollo. Es su base.
Las grandes inversiones necesitan previsibilidad. Un proyecto minero, energético o industrial puede requerir diez, veinte o treinta años para recuperar el capital comprometido. Antes de invertir, una empresa evalúa si podrá girar dividendos, importar maquinaria, obtener crédito, mantener sus contratos y proyectar razonablemente sus costos.
La inestabilidad fiscal contamina todas esas decisiones. Si el inversor supone que el déficit terminará provocando inflación, devaluación, nuevos impuestos o controles cambiarios, exigirá una rentabilidad extraordinaria o directamente buscará otro destino.
Por eso el orden de las cuentas públicas tiene un efecto que excede al Estado. Reduce la incertidumbre de toda la economía.
El Presupuesto 2027 proyecta un crecimiento real del 4% y un aumento de la inversión bruta fija del 9,2%. El consumo privado avanzaría 3,4%, mientras las exportaciones de bienes y servicios alcanzarían alrededor de USD 133.000 millones. El superávit comercial se ubicaría en USD 15.560 millones.
La apuesta es que el crecimiento ya no sea financiado por el déficit, sino por la inversión, el ahorro y las exportaciones. Es un cambio de motor.
Argentina cuenta con sectores capaces de sostener esa transformación. Vaca Muerta ya produce un cambio visible en la balanza energética. La minería abre una posibilidad de inversión y exportación que el país demoró durante décadas. El agro conserva una enorme capacidad productiva. A eso se suman la economía del conocimiento, los servicios profesionales y la industria vinculada a las nuevas cadenas energéticas.
El país nunca careció de recursos. Careció de estabilidad para convertirlos en capital acumulado.
Un yacimiento puede permanecer durante siglos bajo tierra. Una reserva de litio no genera desarrollo por el simple hecho de existir. Para transformar recursos naturales en producción se necesitan inversiones, infraestructura, tecnología, proveedores, contratos duraderos y acceso al financiamiento. Todo eso exige tiempo. Y el tiempo económico requiere confianza.
Cuatro años de equilibrio fiscal comienzan a construirla.
Del riesgo argentino al crédito argentino
La consecuencia más directa de una política fiscal sostenible debería ser la reducción del riesgo país. Cuando el Estado demuestra que puede pagar sus obligaciones sin emitir ni acumular nuevos desequilibrios, disminuye la tasa que los inversores exigen para prestarle.
Ese efecto no queda limitado a la deuda soberana. El rendimiento de los títulos públicos funciona como referencia para el resto de la economía. Si el Tesoro paga tasas extraordinariamente altas, las provincias y las empresas deben pagar todavía más. Muchos proyectos productivos dejan de ser rentables antes de comenzar.
La Argentina necesita pasar del riesgo argentino al crédito argentino.
En 2027 el país enfrentará vencimientos en moneda extranjera por aproximadamente USD 24.900 millones. Los intereses absorberán cerca del 84,6% del superávit primario, reduciendo el resultado financiero a solo 0,2% del PBI. La carga es elevada y deja poco margen para errores.
Pero existe una diferencia respecto de otras etapas. El Gobierno no presenta el endeudamiento como un sustituto del equilibrio, sino como un mecanismo de refinanciación dentro de cuentas ordenadas. El objetivo no es tomar deuda para financiar gastos corrientes, sino recuperar progresivamente el acceso al mercado y mejorar el perfil de vencimientos.
Un Estado solvente puede refinanciarse. Un Estado que necesita deuda para pagar salarios termina refinanciando su propia insolvencia.
Si el riesgo país disminuye, las empresas argentinas podrán financiar ampliaciones productivas, comprar maquinaria y desarrollar infraestructura a plazos compatibles con sus inversiones. También podrá reconstruirse el crédito hipotecario, prácticamente inexistente después de años de inflación.
La estabilidad fiscal empieza en el presupuesto, pero termina en la fábrica, el campo, la mina y la vivienda.
El desafío de acumular capital
El desarrollo requiere inversión, pero la inversión necesita ahorro. La Argentina lleva décadas consumiendo buena parte de su capital, destruyendo su moneda y expulsando los ahorros hacia el dólar o el exterior.
Ese comportamiento no responde a una falla moral de los argentinos. Es una reacción racional frente a un Estado que devaluó, pesificó depósitos, reestructuró deudas y modificó contratos. La preferencia por el dólar es la memoria económica de una sociedad que aprendió a defenderse.
La consolidación fiscal puede comenzar a revertir esa conducta. Si la inflación desciende, el peso se estabiliza y los contratos recuperan valor, una parte del ahorro puede regresar al sistema financiero. Sin ahorro interno, todo proceso de inversión queda excesivamente condicionado por el capital extranjero o el crédito internacional.
El crecimiento sostenido no consiste solo en producir más durante un año. Consiste en acumular capital: rutas, puertos, viviendas, maquinaria, tecnología, infraestructura energética y conocimiento. Esa acumulación resulta imposible cuando cada crisis destruye una parte de lo construido en el ciclo anterior.
La disciplina fiscal busca evitar esa demolición periódica.
El límite de la primera etapa
El Presupuesto 2027 también muestra que el trabajo no está terminado. El superávit financiero es pequeño y la presión tributaria efectiva aumentaría del 21,06% al 21,70% del PBI. El equilibrio todavía depende de impuestos distorsivos como las retenciones, el tributo sobre los créditos y débitos bancarios y la carga sobre los combustibles.
Los gastos corrientes representan el 98,1% de las erogaciones de la Administración Pública Nacional. Los gastos de capital abarcan apenas el 1,9%. La rigidez presupuestaria reduce la capacidad de reasignar recursos y dificulta cualquier baja impositiva importante.
La primera etapa consistió en detener el déficit. La próxima deberá mejorar la calidad del equilibrio.
No alcanza con que el Estado gaste menos de lo que recauda. También importa qué impuestos cobra, sobre quién recaen y qué gastos financian. Un presupuesto equilibrado sostenido por tributos que castigan la producción puede estabilizar la economía, pero difícilmente alcance para impulsar todo su potencial.
La diferencia es que la discusión ahora puede realizarse sobre una base más firme. Antes se prometían reducciones impositivas mientras el déficit seguía creciendo. Eso terminaba en más deuda o más inflación. El orden fiscal obliga a reconocer que cada baja de impuestos necesita una reducción o una reestructuración equivalente del gasto.
No hay atajos. Esa puede ser una de las enseñanzas más valiosas del actual programa.
Un cambio político antes que contable
El déficit argentino nunca fue solamente económico. También fue una forma de ejercer el poder. Permitió distribuir recursos presentes y trasladar el costo hacia gobiernos futuros, acreedores, ahorristas o contribuyentes que todavía no habían nacido.
Romper esa lógica exige algo más que capacidad técnica. Requiere aceptar límites.
El equilibrio presupuestario obliga al Estado a priorizar, discutir el destino de cada partida y reconocer que los recursos son escasos. Reduce el margen para financiar coaliciones políticas mediante gasto sin respaldo. En ese punto, el déficit cero representa un cambio institucional y cultural.
La prueba definitiva no será que una administración consiga sostenerlo. Será que el costo político de abandonar el equilibrio resulte mayor que el beneficio inmediato de volver a gastar.
Si esa regla sobrevive al Gobierno que la impulsó, la Argentina habrá producido una reforma estructural.
El Presupuesto 2027 todavía es una proyección. El crecimiento del 4%, la inflación del 18% y el superávit financiero dependerán de la ejecución, de la recaudación, del contexto internacional y de la capacidad política para resistir nuevas presiones de gasto. El margen es estrecho.
Pero el rumbo tiene una lógica distinta. No se propone crecer primero y ordenar después. Tampoco se acepta una recesión permanente como precio de la estabilidad. La intención es construir crecimiento sobre cuentas públicas sostenibles.
Durante demasiado tiempo, la Argentina confundió expansión con desarrollo. Expandió el gasto, la cantidad de dinero, el empleo público y las regulaciones. El desarrollo exige otra cosa: inversión, productividad, ahorro, exportaciones y acumulación de capital.
Nada de eso puede consolidarse sobre una moneda débil y un Estado insolvente.
Cuatro años sin déficit no resuelven todos los problemas argentinos. Sí pueden establecer el piso desde el cual comenzar a resolverlos. Si el equilibrio se transforma en una regla permanente, el país habrá recuperado algo más importante que un superávit: la posibilidad de crecer sin preparar la próxima crisis.
