Pólizas falsas en la ANAC: condena para el expiloto de Alberto Fernández
Redacción Oíd Mortales
El Tribunal Oral Federal 2 condenó a Leonardo Luis Barone, expiloto presidencial de Alberto Fernández, a tres años de prisión en suspenso por uso de documento privado falso y defraudación a la administración pública. El fallo, a cargo del juez Néstor Costabel, lo responsabilizó por presentar pólizas de seguro apócrifas para asegurarse una licitación de la ANAC.
El tribunal dio a conocer este martes los fundamentos completos de la sentencia. Según la reconstrucción judicial, Barone actuó como apoderado de Global Jet Aviation S.A. en la licitación pública 4/2013, lanzada por la Administración Nacional de Aviación Civil para comprar diez aviones Petrel 912i destinados a la instrucción básica de pilotos.
La maniobra de las pólizas truchas
Costabel determinó que Barone presentó cuatro pólizas de seguro de caución falsas, atribuidas a Zurich Argentina, por un valor nominal conjunto de $5.580.442,14. Esos documentos funcionaron como garantía para que Global Jet Aviation se quedara con la adjudicación del contrato.
Dos de las pólizas se presentaron el 6 de febrero de 2014: una de $798.255 para garantizar el cumplimiento contractual y otra de $2.394.765 para respaldar el anticipo financiero. Las dos restantes, de $1.193.711,07 cada una, se sumaron el 1 de abril y el 3 de agosto de 2015, tras entregas provisorias de aeronaves con deficiencias técnicas.
Zurich Argentina terminó por desmentir toda la operación: informó que nunca emitió esos instrumentos, que Global Jet Aviation no figuraba entre sus clientes y que las firmas atribuidas a una de sus empleadas eran falsas. Al descubrirse la maniobra, la empresa perdió el contrato con el Estado.
Para el juez, el perjuicio patrimonial quedó consumado desde el momento en que cada póliza se incorporó al expediente administrativo. Donde el organismo debía contar con garantías ejecutables, sostuvo el fallo, “sólo existían documentos carentes de todo respaldo jurídico y económico”.
La defensa y el socio fallecido
La defensa de Barone intentó trasladar la responsabilidad al exdirector de Global Jet Aviation, Raúl Larumbe, fallecido durante la instrucción de la causa. Larumbe había declarado que desconocía las pólizas falsas y que no tuvo participación en su emisión.
Costabel descartó ese argumento con un dato concreto: Larumbe murió el 11 de febrero de 2015, mientras que una de las pólizas cuestionadas se presentó casi seis meses después. El magistrado remarcó además que Barone tenía poder general amplio para representar a la empresa: asistió a la apertura de ofertas, presentó documentación de costos, intervino en la mejora de precios, retiró la orden de compra, pidió prórrogas y mantuvo contacto directo con funcionarios del organismo.
Durante el debate oral, Barone se mostró afectado por el proceso y negó haber estafado a alguien. También dijo sentir orgullo por los aviones del programa que hoy siguen formando pilotos en el país.
Del avión presidencial a la condena
Barone se convirtió en una figura conocida durante la gestión de Alberto Fernández. Lo conoció en la campaña de 2019, cuando era su piloto privado, y tras el triunfo del Frente de Todos asumió como director general de Logística de la Secretaría General de la Presidencia, con una excepción a los requisitos técnicos habituales para el cargo.
En 2023 coordinó la compra del avión presidencial Boeing 757, identificado como ARG-01, por más de 22 millones de dólares. En el vuelo de bautismo de esa aeronave, como comandante, hizo una maniobra rasante sobre la pista de Aeroparque que especialistas del sector calificaron como extremadamente peligrosa. Renunció a su cargo en junio de ese año.
Un expediente que se suma a otros
La condena se conoce en un contexto de creciente escrutinio judicial sobre contrataciones y designaciones de la gestión de Alberto Fernández, en medio del proceso de recambio institucional iniciado en diciembre de 2023.
La causa había arrancado en 2019 por una denuncia de la propia ANAC, fue procesada por el juez Daniel Rafecas en 2022 y confirmada por la Cámara Federal en 2023, antes de llegar a juicio oral.
El caso también reabre el debate sobre los controles en las compras públicas, un tema con impacto directo en el uso de los fondos del Estado. Además de la condena penal, Barone enfrenta otro conflicto con la ANAC por la ocupación de un hangar en el aeródromo de Morón, que el organismo le reclama desalojar bajo apercibimiento de iniciar una nueva causa penal.
