Créditos en dólares: el Gobierno amplió el acceso para empresas que no exportan
Redacción Oíd Mortales
El Gobierno nacional oficializó este viernes la flexibilización de créditos en dólares para empresas que no generan divisas de manera directa. La medida quedó plasmada en el DNU 736/2026, publicado en una edición complementaria del Boletín Oficial, y entró en vigencia de forma inmediata.
La norma, firmada por el presidente Javier Milei junto a los ministros Luis Caputo, Diego Santilli, Pablo Quirno, Carlos Presti y Juan Bautista Mahiques, modificó el artículo 23 del Decreto 905/02, la reglamentación surgida tras la crisis de 2001 que limitaba los préstamos en moneda extranjera exclusivamente a empresas exportadoras o vinculadas al comercio exterior.
¿Quiénes podrán acceder al nuevo crédito?
Con el nuevo esquema, los bancos podrán destinar hasta el 15% del total de sus depósitos en dólares a préstamos para empresas radicadas en el país, incluidas aquellas que trabajan exclusivamente para el mercado interno y facturan en pesos. La flexibilización alcanza únicamente a personas jurídicas: quedan excluidas de manera expresa las personas humanas.
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El equipo económico había anticipado la medida el jueves, cuando Caputo explicó que el objetivo es corregir el desbalance entre el ahorro en moneda extranjera acumulado en el sistema financiero y la oferta de crédito disponible para el sector privado.
Los resguardos que fijó el Banco Central
En paralelo, el BCRA —a cargo de Santiago Bausili— estableció un esquema de exigencias macroprudenciales para acotar los riesgos de descalce cambiario. Los nuevos créditos requerirán un capital mínimo equivalente al 125% respecto de los préstamos tradicionales y computarán 1,25 veces en los límites de concentración y exposición crediticia de cada entidad.
Además, los bancos deberán evaluar la capacidad de pago de las empresas tomadoras frente a distintos escenarios de volatilidad cambiaria antes de otorgar la financiación.
El diagnóstico del Ejecutivo
Los considerandos del DNU sitúan la medida dentro del proceso de transformación iniciado en diciembre de 2023. El texto sostiene que en los últimos 100 años la economía argentina mostró un bajo crecimiento acumulado acompañado de una alta volatilidad, una dinámica que se profundizó en las últimas dos décadas hasta la situación de inédita gravedad que, según el decreto, atravesaba el país al inicio de la gestión de Milei, con riesgo de hiperinflación, cepo cambiario y reservas netas negativas.
El Gobierno también vinculó la decisión con el Programa de Facilidades Extendidas acordado con el FMI mediante el Decreto 179/25, al que atribuye el fortalecimiento de las reservas internacionales, y con las compras de divisas del Banco Central, que en los primeros siete meses de 2026 sumaron USD 13.300 millones, por encima de la meta anual de USD 10.000 millones.
El potencial del nuevo financiamiento:
Según cifras del INDEC citadas en la norma, el sector privado no financiero contaba a fines del primer trimestre de 2026 con activos externos por USD 262.014 millones. Los depósitos en moneda extranjera del sector privado en el sistema financiero local, en tanto, ascendían a USD 39.336 millones al 30 de junio, frente a préstamos en dólares por apenas USD 23.716 millones.
Con base en esa brecha entre ahorro y crédito, en el equipo económico estiman que la medida podría movilizar entre USD 6.000 y USD 10.000 millones hacia la inversión productiva en los próximos meses.
Mendoza, escenario de la discusión económica
La oficialización del DNU coincidió con la visita a Mendoza del propio Bausili, que expuso en la Bolsa de Comercio junto al gobernador Alfredo Cornejo. Ante empresarios y funcionarios provinciales, el titular del Central defendió la flexibilización del crédito en dólares y remarcó que las operaciones se enmarcan en márgenes acotados y condiciones de robustez financiera y cambiaria.
Cornejo, por su parte, planteó la necesidad de que Mendoza cuente con un mercado de capitales y un sistema financiero que acompañen el crecimiento provincial, y respaldó la autonomía del Banco Central de cara a una eventual reforma de su Carta Orgánica.
La medida se suma a la agenda de desregulación financiera que el Gobierno impulsa desde diciembre de 2023 y que, según el propio Ejecutivo, busca convertir el ahorro de los argentinos —hoy volcado mayormente al colchón o al exterior— en una fuente de financiamiento para la producción local.
