La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) derogó 122 normas consideradas obsoletas, redundantes o sin aplicación práctica, a través de la Resolución 35/2026, firmada por el superintendente Gustavo Morón. La medida forma parte de una revisión integral de la normativa de riesgos del trabajo que el organismo encara junto al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
La resolución fue publicada este martes en el Boletín Oficial y se trata de un primer paso de “limpieza normativa” que apunta a ordenar un cuerpo de regulaciones que en algunos casos llevaba más de tres décadas vigente, prácticamente desde la creación misma de la SRT.
Qué normas quedaron sin efecto
Entre las derogaciones incluidas en la resolución se destacan las vinculadas a trámites que hoy se realizan de forma digital y que mantenían, sin razón práctica, una exigencia de presencialidad. También se eliminó el registro de graduados universitarios de higiene y seguridad, una estructura que había perdido utilidad operativa.
La medida dio de baja, además, el comité de seguridad de la información de la SRT, un órgano interno que el organismo consideró sin justificación actual, y derogó normas que en su momento crearon programas que nunca llegaron a ponerse en funcionamiento.
El costo laboral, en el centro del debate
El costo de los riesgos del trabajo es uno de los puntos que con más frecuencia genera preocupación entre empleadores en la Argentina, tanto por el valor de las primas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) como por la litigiosidad asociada al sistema. En ese marco, la revisión normativa de la SRT busca sentar las bases para reformas de mayor alcance sobre el esquema vigente.
La depuración se inscribe en la agenda de reducción de normas que impulsa el presidente Javier Milei desde diciembre de 2023, con eje en la desregulación de la actividad económica y la simplificación del entramado burocrático estatal. El propio Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, lleva adelante en paralelo un proyecto de ley con más de 300 artículos que alcanza a sectores como el inmobiliario, las farmacias, la venta de libros, el agro y el transporte marítimo, y que el Gobierno prevé enviar al Congreso en las próximas semanas.
Un trabajo conjunto entre organismos
La resolución fue elaborada con la intervención del equipo de la SRT, que depende del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, en articulación con la Secretaría de Transformación del Estado, a cargo de Maximiliano Farina, y la Secretaría de Desregulación, que encabeza Alejandro Cacace. La subsecretaría de Reformas Estructurales, con Eugenio Mari a la cabeza, tuvo un rol central en el seguimiento del expediente.
Desde el Gobierno se define este paso como una primera etapa dentro de un proceso más amplio de reordenamiento normativo, que continuará con nuevas revisiones sobre el esquema de riesgos del trabajo. No se informó, hasta el momento, una fecha para las próximas medidas dentro de este proceso.
Qué sigue
La resolución no introduce cambios sobre las obligaciones sustantivas de las ART ni sobre los montos de las prestaciones dinerarias del sistema; se limita a eliminar normas reglamentarias sin vigencia práctica. El Gobierno aún no adelanta si las próximas etapas de la revisión incluirán modificaciones al esquema de alícuotas, a los procedimientos ante las Comisiones Médicas o al régimen de litigiosidad laboral, aspectos que concentran buena parte de los reclamos empresariales sobre el sistema vigente.




