Deuda municipal en Malargüe: Jaque enfrenta el peor momento fiscal
Redacción Oíd Mortales
Malargüe atraviesa una crisis financiera que compromete el funcionamiento cotidiano del municipio. Según fuentes consultadas por medios locales, la comuna acumularía un pasivo estimado en $8.500 millones, una cifra que —de confirmarse— pondría en jaque la capacidad operativa de la gestión de Celso Jaque para lo que resta del año.
El cuadro se completa con pagos mensuales que rondarían los $700 millones en concepto de leasing por vehículos, en gran parte sin uso efectivo, según trascendió. A esto se suman recortes de horarios en dependencias municipales y restricciones en el uso de calefacción, medidas que la gestión atribuyó a problemas de abastecimiento.
Antecedentes que confirman el deterioro
La situación no es nueva. En abril, la sede de la Municipalidad de Malargüe sufrió un corte de luz por deuda acumulada con la distribuidora eléctrica, y el propio intendente debió salir a dar explicaciones públicas. Jaque reconoció entonces atrasos en pagos desde diciembre y confirmó que el municipio funciona con un descubierto a tasa cero otorgado por el Banco Nación para comunas con recaudación en baja.
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En esa misma ocasión, el jefe comunal inició gestiones con la Provincia para adelantar fondos de coparticipación, mientras garantizaba que los sueldos municipales no correrían riesgo. El Concejo Deliberante, por su parte, ratificó en febrero un crédito millonario con el Banco Nación, amparado en la autorización de endeudamiento del Presupuesto 2026.
Ya en diciembre de 2025, Jaque había anunciado el no renovamiento de contratos de locación de servicios y el cierre del programa Potenciar Trabajo, medida que afectó a unas 300 personas. El intendente justificó entonces el ajuste en la caída de ingresos propios —que no superarían el 5% de la recaudación total— y en la crisis del sector hidrocarburífero, con el barril de petróleo malargüino en torno a los 56 dólares y la salida de áreas convencionales de YPF.
Un discurso oficial que contrasta con la realidad
En marzo, al inaugurar las sesiones ordinarias, Jaque había presentado un informe de gestión 2025 en el que remarcó haber sostenido “sustentabilidad fiscal” pese al contexto adverso, apoyado en un esquema de seis ejes para “hacer más con menos”. El contraste entre ese discurso y el corte de luz de abril, y ahora los nuevos indicios de crisis, expone una brecha entre el relato oficial y la situación real de las cuentas municipales.
El propio intendente admitió que las provincias y municipios atraviesan “una situación compleja producto de la disminución de la recaudación”, lo que derivó en decisiones que calificó de “dolorosas”. Sin embargo, la magnitud del deterioro (de confirmarse el pasivo de $8.500 millones) excedería ampliamente lo reconocido públicamente hasta ahora por la gestión.
Servicios esenciales en la mira
Entre los puntos más sensibles trascendidos figura una eventual afectación al matadero municipal, infraestructura clave para el sector ganadero caprino local, que en los últimos años había sido objeto de inversiones específicas dentro del Plan Integral Caprino. Una interrupción en su funcionamiento tendría impacto directo sobre productores de la zona, en un departamento donde la actividad rural conserva peso económico significativo.
El fondo del problema
La crisis de Malargüe se inscribe en un fenómeno más amplio: la dependencia estructural de buena parte de los municipios argentinos de las transferencias de Nación y Provincia, en un contexto de baja de la recaudación y de ajuste del gasto público en todos los niveles de gobierno.
Mientras la administración nacional avanza con el ordenamiento de las cuentas públicas y la administración provincial de Cambia Mendoza sostiene el equilibrio fiscal como eje central de su gestión, el caso malargüino ilustra las dificultades de comunas que no lograron adaptar su estructura de gastos a un escenario de menores recursos.
La evolución de la situación en las próximas semanas (incluyendo eventuales pedidos de asistencia financiera a la Provincia) será clave para determinar si el municipio logra sostener el pago de salarios y la prestación de servicios básicos sin una intervención mayor.
