sábado, septiembre 19 2026
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El Ministerio de Justicia de la Nación avanza con la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF), que reemplaza el viejo sistema mixto-inquisitivo por un modelo acusatorio. La reforma ya está vigente en nueve distritos federales que abarcan dieciséis provincias de todo el país, según confirmó la cartera que conduce Juan Bautista Mahiques.

El cambio de fondo es estructural: la investigación de los delitos queda en manos de los fiscales, mientras que los jueces se concentran en el control de legalidad y la resolución de los conflictos. El objetivo declarado es reducir los tiempos procesales y dar mayor transparencia a las causas penales federales, a través de audiencias orales y públicas.

Un modelo que ya funciona en Cuyo

Mendoza no es una jurisdicción que recién se suma: fue una de las pioneras. El sistema acusatorio rige desde agosto de 2024 en la Cámara Federal de Mendoza, que integra también a San Juan y San Luis. La región se sumó entonces a Rosario, Salta y Jujuy, que ya operaban bajo este esquema.

Según datos oficiales del Ministerio de Justicia, en las jurisdicciones donde el sistema ya está en marcha la tasa de resolución de casos alcanza el 82%, frente al 43% que registraba el esquema mixto anterior. La comparación es uno de los argumentos centrales que esgrime el Gobierno para sostener el ritmo de la reforma pese a las demoras en otros distritos.

Infraestructura y tecnología, la otra pata

La implementación no se limita al cambio de reglas procesales. El Ministerio de Justicia invirtió en 62 salas de audiencias equipadas en todo el país, con videoconferencia en calidad 4K, sistemas de audio profesional, cámaras y monitoreo en tiempo real, y herramientas específicas para el abordaje de delitos complejos.

La lógica del nuevo esquema divide claramente los roles: el Ministerio Público Fiscal investiga y acusa; la defensa representa al imputado y garantiza sus derechos; el juez o tribunal escucha a ambas partes, valora las pruebas y resuelve exclusivamente en base a lo presentado en las audiencias.

Lo que falta: Posadas, La Plata, Córdoba y CABA

El cronograma de expansión para lo que resta de 2026 y comienzos de 2027 contempla cuatro jurisdicciones. Posadas —que cubre Misiones— tiene fecha confirmada para el 24 de agosto de 2026. La Plata, tras una postergación previa, quedó fijada para el 21 de septiembre de 2026.

Córdoba, en cambio, sufrió una demora mayor: la implementación, que originalmente estaba prevista para junio de este año, se reprogramó para el 8 de marzo de 2027. El Ministerio de Justicia justificó el diferimiento en la necesidad de completar inversiones en infraestructura, tecnología y capacitación en uno de los distritos federales más complejos del país.

El caso de la Ciudad de Buenos Aires es el más demorado de todos: acumula cuatro postergaciones desde la fecha original de agosto de 2025. La última resolución trasladó la entrada en vigencia al 15 de febrero de 2027, con el argumento oficial de que el fuero porteño está “sobreexigido y congestionado” por el alto volumen de causas de alta complejidad.

Jurisprudencia en desarrollo

La consolidación del sistema también se refleja en los fallos que empiezan a delimitar el rol de cada actor judicial. En junio, la Cámara Federal de Casación Penal revocó una decisión de jueces mendocinos que habían rechazado un acuerdo entre fiscalía y defensa en una causa por suministro de drogas a menores.

El fallo, firmado por la jueza Ángela Ledesma, estableció que los magistrados no pueden vetar un acuerdo solo por disconformidad con la pena pactada, aunque tampoco pueden convertirse en “acusadores sustitutos”. Es uno de los primeros antecedentes que empieza a trazar los límites del nuevo esquema en la práctica cotidiana de los tribunales.

Restan aún relevamientos técnicos en La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos y el sector de San Martín en la provincia de Buenos Aires, jurisdicciones para las que todavía no hay cronograma definido.