sábado, septiembre 19 2026
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El proceso de desregulación económica impulsado por el Gobierno de Javier Milei acumula 689 normas modificadas o eliminadas desde diciembre de 2023, según datos oficiales de la Unidad de Evaluación de Impacto. El relevamiento incluye 2.699 normas modificadas y 16.178 artículos afectados hasta junio de 2026.

Solo en el último mes se sumaron 53 normas nuevas al conteo general, con un incremento de 110 normas modificadas y 671 artículos adicionales. El ritmo mensual se aceleró de forma sostenida desde octubre de 2025, cuando el acumulado pasó de rondar los 7.000 artículos a superar los 16.000 en apenas ocho meses.

El detalle sectorial

Agroindustria lidera el ranking sectorial con 111 normas de desregulación, seguido por Finanzas y Mercado de Capitales con 109 y Comercio Exterior con 101. Producción Nacional (88) y Transporte (85) completan el top cinco.

Energía registra 28 normas desreguladas, un número menor al de otros sectores pero con impacto directo en la actividad de Vaca Muerta y en la agenda de infraestructura energética que impulsa la gestión libertaria. Empleo y Regulación Laboral suma 24, mientras que el Sector Inmobiliario cierra la tabla con 14.

Los ejemplos de junio

Entre los casos destacados de junio, el Decreto 407/2026 unificó la registración laboral de la construcción en ARCA y derogó el régimen de servicios eventuales. La Resolución General 5/2026 de la IGJ eliminó la obligación de presentar copias en papel en las inscripciones societarias, reemplazándola por firma digital.

En transporte, la Resolución 32/2026 creó el Registro Nacional de Talleres para ampliar qué establecimientos pueden realizar revisiones técnicas vehiculares. En el plano agropecuario, la Resolución Conjunta 3/2026 del INASE estableció un nuevo protocolo de fiscalización de cultivares.

La Comisión Nacional de Valores, por su parte, eliminó autorizaciones previas y creó regímenes automáticos para ofertas públicas y tokenización mediante las Resoluciones Generales 1145 a 1150/2026. El Decreto 482/2026 simplificó además el régimen minero, reemplazando autorizaciones por declaraciones juradas con validación automática.

Uno de los movimientos de mayor repercusión pública fue la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Coordinación de Producción, firmada por Pablo Agustín Lavigne, que derogó 58 normas y disposiciones vinculadas al comercio interior y la industria dictadas entre 2006 y 2025. La medida eliminó, entre otras, la resolución que regulaba el control de precios en góndolas y los programas de fomento al consumo en cuotas fijas.

La Ley Hojarasca llega al recinto

El dato se conoce en la misma semana en que el Senado tiene previsto tratar la Ley Hojarasca, la iniciativa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone eliminar cerca de 70 normas consideradas obsoletas. El proyecto ya cuenta con dictamen de comisión y media sanción de Diputados, lograda en mayo con 138 votos a favor, 96 en contra y nueve abstenciones.

La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó para esta semana una reunión de presidentes de bloque con miras a la sesión del jueves 16 de julio, donde la Ley Hojarasca competirá en la agenda con la reforma electoral y el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La oposición cuestionó puntualmente la derogación de la Ley 26.688, que declara de interés nacional la producción pública de medicamentos y vacunas.

Una política de dos velocidades

El esquema combina dos carriles paralelos: por un lado, las resoluciones y decretos que las propias secretarías pueden derogar por vía administrativa sin pasar por el Congreso; por otro, los proyectos de ley que requieren aprobación parlamentaria, como la Ley Hojarasca o el Súper RIGI, actualmente en tratamiento en el Senado.

Esta combinación explica por qué el ritmo de acumulación de artículos modificados (que se mide mes a mes en el reporte oficial) avanza más rápido que la discusión legislativa de fondo, sujeta a los tiempos y mayorías del Congreso.