El fin de la “caja” del vino: El Gobierno nacional liquida el PEVI y libera a las bodegas del peaje de COVIAR

La Secretaría de Agricultura de la Nación ha dictado el acta de defunción para una de las estructuras de financiamiento corporativo más cuestionadas de la industria regional. Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo nacional dio por concluido el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) y, lo que es más relevante para el sector productivo, eliminó de cuajo las contribuciones obligatorias que bodegueros y viñateros debían tributar por ley para sostener la estructura de la COVIAR.

Este “impuesto al vino” se basaba en la Ley 25.849, sancionada en 2004, que obligaba a los actores de la cadena a financiar un plan de metas que, en la práctica, venció hace seis años. La cronicidad de las prórrogas que mantuvieron vivo el cobro hasta 2026 llegó a su límite ya que el Gobierno no solo rechazó una nueva extensión del plan, sino que le otorgó a la corporación un plazo máximo de 90 días para presentar una rendición de cuentas exhaustiva que justifique el uso de los fondos millonarios percibidos durante décadas.

Esta medida implica un alivio inmediato para los márgenes de rentabilidad de la industria. Al cesar las contribuciones de los incisos a, b, c, d y e del artículo 10 de la normativa —que gravaban desde la comercialización de vinos hasta el despacho de uva—, el INV dejará de actuar como agente de recaudación forzosa para una entidad privada. El despliegue de la resolución también establece que cualquier remanente de dinero público o recaudado que quede en las arcas del plan no volverá a la corporación, sino que será absorbido por el Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Por el momento, esta poda burocrática pone a la COVIAR frente al espejo de su propia gestión. El informe de cierre exigido por la Nación deberá detallar con precisión quirúrgica los logros obtenidos y el destino de los recursos asignados, en un contexto donde gran parte de la base productiva reclamaba por la falta de resultados tangibles frente al costo del sostenimiento institucional. El modelo de “planificación estratégica” financiada por el esfuerzo privado obligatorio ha caducado, devolviéndole al sector la libertad de decidir sobre sus propios recursos en una economía que ya no tolera peajes invisibles.